Para la investigadora regional de Amnistía Internacional en México, Irene Cuellar, la situación en Nicaragua es de preocupación, sobre todo porque el gobierno de Daniel Ortega “no ha sido persuadido en ningún momento para abstenerse de seguir implementando prácticas que violan los derechos de la población nicaragüense”.
Así lo considera la investigadora y manifestó en De Primera Mano, programa de Radio Fe y Alegría Noticias, este 17 de febrero, luego de referirse a la liberación de los 222 presos políticos como un «despojo» de la nacionalidad de los nicaragüenses que fueron enviados a Estados Unidos.
Dijo que esta no es la primera vez que Daniel Ortega detiene a personas que se pronuncian en contra de su gobierno y luego las libera vulnerando sus derechos humanos.
Alertó que la reciente acción de Daniel Ortega significa que su vulneración a los derechos humanos va en escala. De hecho, la investigadora habló en nombre de Amnistía Internacional e hizo un llamado a la comunidad internacional a no tomar la acción de Ortega de liberar presos políticos «como una solución a la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua», ni tampoco «bajar la guardia».
«Nos indigna y nos entristece que la liberación de las personas haya terminado de una manera tan perturbadora como es la pérdida de los derechos ciudadanos y de tener que volver a empezar su vida en un exilio forzado», expuso.
Nicaragua debería garantizar y proteger a sus ciudadanos, puesto que es un país suscrito a tratados internacionales para el respeto de los derechos. Sin embargo, vulnera el derecho fundamental de la nacionalidad que establece el vínculo jurídico esencial entre el individuo y el Estado.
Sin libertades ni espacio cívico en Nicaragua
La investigadora Cuellar habló sobre cómo el Estado de Nicaragua no cumple con la garantía de los derechos humanos de los nicaragüenses señalando que no existe el diálogo social, hay serias restricciones a la libertad de prensa, libertad de expresión y opinión, y todavía hay «decenas de personas que siguen detenidas de manera arbitraria».
«El espacio cívico en Nicaragua está completamente cerrado. En Amnistía Internacional estamos preocupados por las personas que continúan en Nicaragua y que con una postura muy valiente y consecuente siguen denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en ese país», dijo.
Resaltó que la única forma que hasta ahora hay para documentar y denunciar sobre violaciones de derechos humanos es a través del mecanismo impulsado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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