«Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando el artículo 233 de la Constitución, ante Dios todo poderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados, Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela».
Así se proclamó a sí mismo como presidente interino del país el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, a solo 18 días de haber sido designado como primer titular de la Asamblea Nacional.
El anuncio que recorrió todo el país a través de los pocos medios de comunicación que lograron transmitirlo, y de las «poderosas» redes sociales, parecía insuflar de nuevos ánimos de lucha y reconquista a una muchedumbre ansiosa de cambios.
El nuevo líder era vitoreado casi a ciegas por las masas que nuevamente apostaron por un mesías que les salvase de la hecatombe nacional.
Y el recién estrenado en la conducción política empezó de inmediato a entenderlo de esa manera. Por esa razón, lanzó su famosa triple promesa: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y transparentes.
Trece días antes, el 10 de enero, Nicolás Maduro tomaba juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia para un nuevo mandato presidencial tras unas cuestionadas elecciones en mayo de 2018. Más de 50 países lo desconocieron como tal.
El mantra de Juan Guaidó comenzaba a avivar aires de cambio político en gran parte de la golpeada, por los cuatro costados, población venezolana
Luego de su autoproclama, desde Miraflores el oficialista reaccionó con fiereza. Desde el balcón del pueblo anunció, con su vicepresidenta a su lado, que rompía relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos.
Y es que el país del norte fue uno de los primeros en reconocer al novel político como nuevo mandatario «constitucional» de Venezuela.
También se unieron a este coro de reconocimientos Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Canadá y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Otra de las acciones anunciadas desde el poder controlado por Maduro fue la orden que salió desde el máximo tribunal de la República hacia el Ministerio Público en contra de Guaidó y compañía: apresarlo porque estaba usurpando funciones como primer mandatario.
Pero pasaron los meses y otros hechos marcaron la agenda política pero no precisamente su detención y procesamiento judicial.
Ese 23 de enero de 2019 suplantó, momentáneamente, lo que por años los venezolanos celebraban como el hito más importante en la historia política y social del país: el derrocamiento del dictador Marco Pérez Jiménez en 1958 por una unión del pueblo con los militares.
Y este factor, el de los militares, a Guaidó siempre le ha hecho falta en todos sus intentos por defenestrar de la silla de Miraflores a Nicolás Maduro.
El alto mando castrense y sus cuadros medios siempre han apostado al dirigente chavista. El joven ingeniero de apenas 35 años no les inspiraba confianza. Sienten desde entonces y hasta ahora que no les ofrece certidumbres para su supervivencia. Recurren al viejo dicho «es mejor malo conocido que bueno por conocer».
Una ruta tortuosa
El recorrido para la complicada triple acción con un solo objetivo se fue convirtiendo en un eterno vía crucis con crucifixión incluida.
Desde el frustrado ingreso de la ayuda humanitaria, en febrero de 2019, por la frontera de Cúcuta con el Táchira, pasando por la aprehensión de familiares y miembros de su círculo político y parlamentario más cercano, hasta los ataques a sus actividades públicas como marchas, concentraciones y protestas en la calle.
A Guaidó, el guión para alcanzar el mantra no le estaba saliendo nada bien. Desde la misma oposición política casi que de inmediato, después de su discurso de apenas 15 minutos, le comenzaron a torpedear sus intenciones.
Importantes líderes políticos en el país como Claudio Fermín, Henrique Capriles y Henry Falcón emprendieron una campaña para deslegitimar su autoproclamación.
Unos aducían que el acto era totalmente inconstitucional. Otros afirmaban que la iniciativa no tenía viabilidad política. En todo caso, apostaron al fracaso del mantra y decidieron no acompañarlo «en esa aventura».
Y el tiempo, a estas alturas, parece que les ha dado la razón. Nicolás Maduro, 2 años después de la arenga, sigue en funciones y con una nueva Asamblea Nacional a su favor.
Pero las resistencias de sus «compañeros de camino» no solo se suscitaron desde lo externo de su anillo político. Puertas adentro se estaba cocinando una traición que el incipiente líder no supo manejar.
La fracasada asonada del 30 de abril de 2019, en donde era liberado Leopoldo López quien se encontraba cumpliendo condena en su casa, también supuso un derrumbe en las aspiraciones del mantra.
Al final, según lo que se pudo conocer, el alto mando militar y el presidente del TSJ recularon para deponer a Maduro. Y así, rodaban otros intentos de forzar el cambio en la conducción del país.
En noviembre de 2019 se devela a todo el país que estaba en marcha la sonada Operación Alacrán. Un grupo de diputados encabezados por Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez y José Gregorio Noriega es señalado de haber sido «comprado» con el objetivo de romper con la mayoría calificada en las sesiones del parlamento.
La denuncia la formuló el diputado de Primero Justicia José Guerra, quien argumentaba en su momento que se utilizó el llamado «maletín verde» para pagarle a cada parlamentario entre 700 mil y 3 millones de dólares, dependiendo del caso, para «volteársele» a Guaidó.
Una operación que desde la bancada «guaidocista» fue considerada como una maniobra más de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, para ese entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
No pudo saltarse la cerca
Este artero golpe fue el que complicó la asunción para un segundo mandato frente a la AN de Juan Guaidó el 5 de enero de 2020.
Ese día los predios del Palacio Federal Legislativo amanecieron totalmente militarizados. Los efectivos tenían la orden de no dejar entrar al grueso de diputados que apoyaban al egresado de la UCAB para un segundo período, y por ende, para otro interinato nacional.
Guaidó no pudo ni siquiera saltar la barda de los jardines del Capitolio. Los guardias se lo impidieron, incluyendo la rotura de su saco. Pero curiosamente adentro estaba, en amena conversación con el oficialista Pedro Carreño, quien hasta ese día fungía como su segundo vicepresidente, Stalin González. Las imágenes eran contradictorias. Unos sí pudieron entrar y el principal que debía estar en la sesión de instalación no pudo hacerlo.
Mientras, por el otro lado de la supuesta oposición, el diputado Luis Parra anunciaba frente a las cámaras de televisión que él era el nuevo presidente de la Asamblea Nacional en medio de inexistente quórum y sin acta de instalación.
Sin embargo, así fue reconocido por casi todos los poderes constituidos y hasta por la bancada oficialista del parlamento y el propio mandatario nacional Nicolás Maduro.
Guaidó por su parte se vio forzado a emigrar hacia la sede de El Nacional, lejos del centro de Caracas, para jurar otra vez como máximo titular del Poder Legislativo y de paso para renovar su encargaduría de la presidencia simbólica.
Aseguró que contaba con la asistencia y aprobación de por lo menos 100 legisladores que lo ratificaron y que designaba a Juan Pablo Guanipa como primer vicepresidente y carlos Berrizbeitia como segundo. Además, anunciaba que el 7 de enero volverían a sesionar en el hemiciclo.
Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela, países del Grupo de Lima, difundieron un comunicado en el que “condenan el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional puedan acceder libremente a la sesión”.
Agregaron que “el Grupo de Lima sigue con extrema preocupación los eventos que se suceden en Venezuela y hace un llamado a la comunidad internacional para trabajar de manera conjunta en apoyo a la recuperación de la democracia y el restablecimiento del Estado de derecho en ese país”.
Con el mismo tenor se pronunció la Unión Europea indicando que solo reconocían a Juan Guaidó como el único presidente de la legítima Asamblea Nacional, decisión que han renovado en este 2021 pese a que ese parlamento ya cesó en sus funciones.
La gira
En una gira internacional que duró un poco menos de un mes y que lo llevó a Europa y Estados Unidos, pasando por Colombia y Brasil, Guaidó seguía obteniendo el reconocimiento y la admiración internacional.
Hechos como su recibimiento, como mandatario oficial de Venezuela, en el Palacio Oval de los Estados Unidos por el entonces presidente Donald Trump indicaban que ahora sí venía la estocada contra Nicolás Maduro. Pero el hombre seguí ahí, atornillado a la silla.
A su regreso a Venezuela la cacería de brujas contra algunos de sus familiares y colaboradores en su trabajo político no se hizo esperar por las fuerzas de seguridad.
A lo interno de la oposición venezolana las fisuras se iban agrandando. El proyecto ya no parecía ser el mismo.
Las voces críticas opositoras a Maduro también se dirigían con fuerza contra Juan Guaidó. Los radicales como María Corina Machado, Henrique Capriles Radonsky y Antonio Ledezma, este último desde el exterior, lo increpaban a ser más contundente con sus acciones.
Pero a la final, a mediados de año públicamente señalaban que ya no creían en esa ruta de los 3 pasos. Le cuestionaban severamente que sus decisiones y acciones para ejecutar las primeras eran sumamente débiles.
Que no se podía dar cabida a negociaciones y diálogos fallidos, pese a que Guaidó había renunciado a esos mecanismos tras los negativos resultados del mecanismo de Noruega.
Y llegó la pandemia del Coronavirus a Venezuela. Ya antes, el 10 de marzo, la convocatoria para una gran marcha en Caracas contra el gobierno de facto había rodado estrepitosamente. Guaidó iba perdiendo popularidad y fuerza de convocatoria.
La represión policial y militar había cumplido su objetivo en la población. El miedo invadía hasta en los medios de comunicación que comenzaron a replegarse y a autocensurarse. Solo fueron quedando unos pocos.
Entre varias acciones Guaidó intenta reanimar a la ciudadanía con tres prácticas. El ofrecimiento de un bono en dólares para los profesionales de la salud que luchaban, y algunos morían, contra la COVID-19.
«Héroes de la Salud» significó una pequeña ventisca de optimismo en el camino planteado. Sin embargo, la alegría fue de tísico. La hiperinflación se siguió disparando y con ella se desvanecían las ilusiones de muchos.
La consulta popular
Luego, al ratificar que una mayoría opositora no participaría en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el diputado salta a la palestra con una llamada consulta nacional que básicamente tenía las tres mismas partes del mantra.
Desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, rechazar el fraude electoral de diciembre y autorizar a la Asamblea Nacional, como único poder legítimo, para que invoque con más contundencia la ayuda internacional y proteger al pueblo venezolano.
En números, la consulta popular tuvo una ligera ventaja sobre los comicios parlamentarios. Pero a más de un mes de haberse realizado los ciudadanos siguen sin entender con qué finalidad se efectuó. O como dicen el refrán «no se le ve el queso a la tostada».
Se instaló el nuevo parlamento y con ello la correlación de fuerzas políticas se inclinó hacia el lado del oficialismo.
Guaidó y unos pocos que aún le siguen acompañando en la tarea legislativa, ya que muchos se han quitado el nombre de diputado a la AN en sus respectivos perfiles, insisten que a través de una Comisión Delegada mantiene la continuidad administrativa de ese Poder en el país, aún, por cierto, reconocido por más de 60 países y por organismos de integración como la OEA, Grupo de Lima y Unión Europea.
Pero Maduro sigue ahí, instalado. El 12 de enero de este año volvió al recinto de la Cámara a presentar su Memoria y Cuenta del año precedente. Antes no lo había hecho porque estaba una Asamblea «en desacato».
Desde el nuevo foro legislativo la reconocida Iris Varela exhortaba este martes 19, con puñetazo sobre el atril incluido, al Ministerio Público y al Poder Judicial que en un lapso de 48 horas debían emitirse las órdenes de captura contra esos «delincuentes» que se siguen llamando diputados porque están usurpando funciones amén de que «le han hecho un gran daño al patrimonio del país».
Juan Guaidó aparece de primero en la lista. El lapso de las 48 horas se cumplió este jueves 21. Pero nada sucedió. Desde ninguna de las dos instituciones citadas por Varela nadie habló.
Solo este viernes 22, en el acto de apertura del nuevo año judicial, el presidente del TSJ, Mikel Moreno, ratificaba que quienes hayan utilizado el poder legislativo para perjudicar a la República serían sancionados con todo rigor, «de eso tengan la plena seguridad», ante un auditorio que encabezaba Nicolás Maduro.
El joven político dijo, otra vez, también este viernes que llegó el momento de poner en práctica lo decidido en la consulta nacional. Si hay alguna de las tantas virtudes del también dirigente de Voluntad Popular que hay que reconocerle son su tesón y convicciones.
Mientras, a lo lejos, desde el exterior, su otrora compinche y representante diplomático ante el mundo, Julio Borges, le exigía rotundamente que rindiera cuentas de todos los fondos que habría recibido para la ayuda humanitaria y para otras tareas políticas.
Guaidó no responde ante el pedimento y solo atisba a indicar que hará cumplir la constitución para nuevas elecciones generales. Y sigue firmando decretos. Y el mantra permanece en el limbo. Pero él sigue empeñado en que sí lo alcanzará.
