La Red CLAMOR Venezuela y la Comisión de Justicia y Paz, instancias de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Venezuela, emitieron un comunicado este jueves sobre el escándalo que ha supuesto la situación irregular que se ha presentado con los 16 menores de edad venezolanos en Trinidad y Tobago.
En primer lugar remarca el documento que «los 16 niños, en evidente estado de vulnerabilidad, iban al reencuentro con sus padres que se hallan en la mencionada isla, junto a nueve mujeres».
En ese sentido cuestionan a las autoridades trinitenses, encargadas de ejecutar la acción de deportación, «los retornaron al mar, a bordo de dos botes peñeros que no reunían las condiciones de seguridad pertinentes, exponiendo la vida de los menores y de las mujeres que los acompañaban».
También denuncian ambas instancias que tal acción de deportación y el juicio sumario que se le sigue a los menores edad y a los adultos venezolanos, violan las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vinculantes para la República de Trinidad y Tobago: artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado, en particular los principios fundamentales de No Devolución y
Unidad Familiar y el artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Igualmente rechazan las declaraciones «estigmatizantes» del Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, en las que acusa al grupo de venezolanos de haber cometido un «asalto» a la isla, agregando además que varios de los adultos que acompañaban a los menores, «estaban armados utilizando niños».
También la autoridad del país caribeño llegó a asociar al grupo de los 29 con actividades relacionadas con el tráfico de personas. Al respecto, CLAMOR y la Comisión de Justicia y Paz denuncian que estos señalamientos de Rowley son «declaraciones destempladas respecto del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con
solicitantes de refugio venezolanos».
Ante tales hechos, que consideran lesivos contra los derechos de los niños y de los migrantes, plantean:
- Llamar la atención de la opinión pública venezolana e internacional sobre las
conductas de los gobiernos que afectan a poblaciones vulnerables como lo son los
solicitantes de asilo y los migrantes provenientes de la República Bolivariana de
Venezuela, en particular los niños y adolescentes. A este respecto cabe recordar que
son inadmisibles las deportaciones colectivas o sumarias. - Preocupación sobre las declaraciones de las autoridades trinitarias al calificar el
éxodo venezolano como “indeseable” y la promoción de conductas que
institucionalmente menosprecian la dignidad de la persona humana y marcan un
cruel modelo de comportamiento en el que pueden prosperar atropellos y
violaciones, como los ya suscitados en el territorio de Trinidad y Tobago.
Ratifica la CEV, a través de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas, CLAMOR, y la Comisión de Justicia y Paz, que se mantiene en contacto directo y permanente con la Diócesis de Carúpano, Sucre, para seguir monitoreando esta situación.
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