En la comunidad Marichén 1, en el municipio Guajira del estado Zulia, unas 200 familias viven sin energía eléctrica y sin respuestas de las autoridades.
Este sector está ubicado a 2 kilómetro de Paraguaipoa, capital del municipio. Hace más de un año se quemó el transformador que surte a la comunidad.
De allí, los vecinos hicieron la conexión al segundo transformador que alimentaba a la escuela pero producto de la sobrecarga, también explotó.
De acuerdo con el señor Aníbal Fuenmayor, vecino de esta comunidad, el segundo transformador era de menor voltaje por lo que «no soportó la exigencia de la comunidad. Por eso se dañó».
Fuenmayor explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que la alcaldesa Indira Fernández se los llevó con la promesa de devolverlos arreglados.
Eso fue en diciembre pasado, «antes de las elecciones de los diputados, pero hasta la fecha no ha traído ninguno de los dos. Nosotros pensamos que fueron promesas electorales».
Se pierde la mercancía
El vecino señaló que la mayoría de los habitantes son pescadores «que han perdido su mercancía por falta de refrigeración. Lo que producen al día no lo venden en seguida por las restricciones».
Son personas que «necesitan vender lo que pescan para poder sobrevivir, como ha sido siempre en esta comunidad. Como hemos sido los wayuu, en resistencia, sobreviviendo a estos embates».
Algo que también preocupa a los habitantes de Marichén I son las medicina que se dañan por falta de refrigeración, especialmente para los niños y las niñas.
Agregó que actualmente hay un brote de diarrea, fiebre y vómito pero «las medicinas de los niños se pierden porque no tenemos cómo refrigerarlas. Son medicamentos que se compran con mucho esfuerzo y es lamentable que se pierdan».
«Estamos como en los tiempos de antes cuando no existía la electricidad», lamentó.
El gas doméstico también está ausente en Marichén I pues afirmó que hace un año, los miembros del Consejo Comunal recogieron las bombonas y el pago en pesos colombianos, «pero se cogieron el dinero y trajeron las bombonas vacías».
Por lo que deben preparar sus alimentos en fogones de lecha y siempre con la luz del sol. Pero en este sector tampoco hay árboles que den la leña necesaria, así que deben caminar a comunidades vecinas y no siempre cerca.
Ellos pudieran resolver su alimentación con las bolsas de Mercal pero en 2020 solo las vendieron tres veces. En lo que va de este año ya la ofrecieron y tuvieron que pagar10 mil pesos colombianos.
María Inés Fernández agregó que para ellos «es muy difícil conseguir el dinero porque no trabajamos, no hay fuentes de trabajo. Nos vemos apurados para conseguir el dinero cuando llega el Mercal, todo el mundo sale a pedir prestado, a vender lo que tenga».
«Aquí todo lo compramos en pesos (colombianos). Ya se me olvidó cuánto es el dinero venezolano. No manejamos dinero venezolano», apuntó.
Tampoco reciben agua por tubería. La única forma de abastecerse es mediante los pozos que han tenido que abrir en la tierra para poder extraerla.
Sin educación
Este es otro tema que duele en la comunidad.
La señora María Inés Fernández califica la educación en su comunidad como «pésima».
«Los maestros a veces van una vez a la semana pero los niños no asisten. Ellos les colocan las tareas pero los padres no saben leer ni escribir», apuntó.
Fernández manifestó que esta situación «es grave porque los niños están sin escuela, no se acuerdan de agarrar un cuaderno. Creo que ya se les olvidó todo lo que sabían cuando sucedió esto», con relación a la llegada de la pandemia y la cuarentena social.
Movilizarse es más difícil
Para poder comprar alimentos e insumos, los vecinos de Marichén 1 deben trasladarse hasta Paraguaipoa o hasta Los Filúos, en la frontera con Colombia.
Sin embargo, muchos de ellos optan por caminar todos esos kilómetros pues un mototaxi cobra tres mil pesos el viaje.
Pero la situación se complica aún más cuando deben regresar con las bolsas de los productos que hayan logrado comprar pues deben cargar con el peso hasta llegar a casa.
Los habitantes de esta comunidad se sienten abandonados y olvidados por parte de las autoridades locales y regionales que no han atendido sus necesidades más básica para tener una calidad de vida aceptable.
