Así respondió en el diálogo sostenido con Radio Fe y Alegría Noticias el Secretario Ejecutivo de la CTV, Frolián Barrios, al analizar la situación del ámbito laboral en Venezuela cuando arranca la tercera semana de cuarentena social en el país por los efectos del Coronavirus.
Barrios se refiere con este término a la incertidumbre que ha crecido en la población trabajadora tras los anuncios gubernamentales para intentar paliar los efectos que esta realidad recaen sobre el mundo laboral y productivo.
La semana pasada el presidente de la república Nicolás Maduro le comunicó a todo el país que su gestión asumiría el pago de todas las nóminas públicas y privadas desde este mes de marzo hasta agosto.
El procedimiento que se utilizaría es el llamado Sistema Patria. Es decir, todas las empresas e instituciones deben llenar un formulario y enviarlo al gobierno central con los datos de sus trabajadores.
Para el dirigente sindical este mecanismo es discriminatorio porque, según su aseveración, no es para todos los trabajadores «porque quienes están registrados en ese sistema con el carnet de la patria es solo un sector de la población. No es la mayoría de los trabajadores».
Por otro lado, otra de las reservas que se les presenta a las organizaciones sindicales tiene que ver con que hay trabajadores en el sector privado cuyos contratos colectivos son superiores al salario mínimo.
«La pregunta es si el gobierno solamente va a asumir los del salario mínimo o todas las nóminas tal cual cómo se están pagando. Es toda una discrecionalidad por parte del gobierno», considera Barrios.
Igualmente con este anuncio de Maduro les asalta la duda de que «no vaya a ser este mecanismo otro embarque parecido al que se vivió en diciembre de 2019 con el medio Petro».
Nadie esperaba esto
La autoridad de la máxima central obrera del país afirma que esta situación es inusual. Nadie la esperaba.
Pero tragicaliza el panorama cuando señala que esta pandemia le cae encima a la crisis que ya traía Venezuela en términos económicos y sociales.
De acuerdo a sus estimaciones en Venezuela se había perdido ente el 70 y 75 por ciento del Producto Interno Bruto desde el año 2013 lo que se traduce en la desaparición de más de 4 millones de puestos de trabajo en el país.
Este mal agregado pone en vilo los pocos puestos de trabajo que todavía existen. Ha generado entre los trabajadores mucha incertidumbre porque aparte de los bajos salarios y el mal servicio de salud que existe, denunciado por gremios de la salud como Colegio de Enfermeras, Colegios de Médicos, de Bioanalistas, presumen que los efectos que se han registrado en otros países como Italia, España, puedan darse en Venezuela «y eso sería catastrófico», advierte Barrios.
En los sindicatos y organizaciones laborales están alarmados. «El gobierno no quiere informar la verdad y persigue a periodistas y medios de comunicación que sí quieren hacerlo. También hostiga a sindicalistas de la Federación Médica, del Colegio de Enfermería, entre otros, y los amenazan con encausarlos penalmente».
Por eso insiste en que haya una información veraz. «Que se digan cuáles son los datos reales de casos confirmados y de fallecidos».
La pandemia como una excusa
Froilán Barrios cree que esta situación de salud la utiliza el gobierno como una excusa «para frenar todas las protestas sociales y laborales que existen en el país desde el 2010 hasta este año».
Desde esa premisa sentencia que «se cercena el derecho a protestar con la justificación del encerramiento por el Coronavirus».
En cuanto a la condición de los trabajadores informales en el país recurre a algunos números.
Aunque no se manejan estadísticas oficiales ni del BCV ni del Ministerio del Trabajo ni del INE, en Venezuela existían hasta el año 2016 entre 13 millones 500 mil y 14 millones de personas en la población activa.
Según su análisis ese número descendió a unos 10 millones de personas que pueden trabajar. De los cuales, 3 millones de trabajadores estarían en el sector privado y cantidad similar en la administración pública.
Eso quiere decir que el resto, 4 millones, están en la economía informal o desempleados.
También «hay que contar los que se han ido. De esos, el 90 por ciento está en edades productivas. Es decir, entre los 18 y los 55 años. Esta realidad ha originado una merma brutal en la población activa venezolana», enumera el sindicalista.
La mayoría de los trabajadores en Venezuela se centra en las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas se acabaron. Desaparecieron los cordones industriales de Aragua, Carabobo, Miranda, Anzoátegui, Zulia. Se viene acelerando el cierre de las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un subsidio del gobierno.
Cuestiona que a diferencia de gobiernos como el de Estados Unidos, que aprobó 2 billones de dólares, y Alemania, que aprobó un billón de dólares, para mantener todas las empresas en sus países, «en Venezuela lo que hay son anuncios ideológicos».
Esta es la razón por la cual le han escrito una comunicación a la Central Sindical Internacional y a la Central Sindical de Las Américas desde la CTV, «rechazando ese chantaje que tiene que ver con las sanciones cuando lo que se requiere es que de inmediato haya el ingreso de la ayuda humanitaria; que se no politice o ideologice la pandemia porque eso sería otro crimen contra los trabajadores venezolanos», advierte Barrios.
Para él el tema en este momento no es plantear la flexibilización de las sanciones económicas contra el gobierno venezolano. «Porque lo usan como chantaje tanto el gobierno nacional como la Central Sindical Internacional y la Central Sindical de las Américas».
La principal sindical del mundo es la CSI que agrupa a 140 millones de trabajadores. Y la CSA agrupa 50 millones de trabajadores en todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia y Chile.
«Ellos han venido planteando la flexibilización que es un tema polémico porque pueden pasar meses e incluso años discutiéndolo».
Pero para la Confederación de Trabajadores de Venezuela lo primordial es que ingrese la ayuda internacional en materia sanitaria venga de donde venga. «Eso si. Que no sea administrada por este gobierno porque ya conocen su talante y la calificación como corrupto».
Desde una coalición sindical a la cual también pertenece la CTV, quieren centra la atención sobre los hospitales, los ambulatorios, todos los centros de salud que están en la absoluta precariedad y se requiere de esa ayuda.
Barrios dice que si les llama mucho la atención que estas centrales internacionales se vengan a preocupar ahora por Venezuela cuando hay 5 millones de venezolanos fuera del país.
«Y de esos 4 millones en América y no han recibido hasta conocimiento de que haya habido una solidaridad sindical con todos esos venezolanos que han muerto en Colombia. Y hay dos millones de venezolanos en ese país que no han recibido solidaridad alguna por parte de esas centrales sindicales.
Añade que nunca se han pronunciado por los informes y denuncias que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha hecho contra Maduro cuando le señala que ha violado convenciones colectivas y derechos de todos los trabajadores venezolanos.
