El Gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de la Universidad Juan Pablo II, con sede en Managua y otras cuatro ciudades, y a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), con sede en León y otras cinco ciudades.
La medida de cancelación fue decretada y publicada en el diario oficial La Gaceta por presuntamente incumplir con algunas normativas legales, según la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, y que reseña el diario El País.
Ambas universidades “han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro” del Ministerio, indica la resolución.
Bienes confiscados por el Estado
El Estado ordenó a las universidades que entreguen al Consejo Nacional de Universidades (CNU) toda la información sobre estudiantes y profesores que serán reintegrados en otras instituciones acreditadas.
Asimismo, todos los bienes de estas universidades serán confiscados y transferidos al Estado.
La cartera de Gobernación indicó que las autoridades de la Universidad Juan Pablo II y la UCAN no reportan estados financieros desde hace algunos años. Ambas universidades también tienen sus juntas directivas vencidas.
La Universidad Juan Pablo II pertenece a la Conferencia Episcopal de Nicaragua e impartía 10 carreras en sus sedes.
Mientras que la UCAN es una institución de Educación Superior de Orientación Cristiana e Inspiración Católica, con una matrícula de 6 mil 375 estudiantes en 25 carreras en sus seis sedes.
El decreto también suprimió la personalidad jurídica de la Fundación Mariana para la Sensibilización contra el Cáncer, vinculada a la Iglesia. Esto debido a presuntos delitos financieros.
Se disparan las reacciones
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y las organizaciones de derechos humanos acusan al Gobierno de Nicaragua de fustigar a la oposición.
A finales de febrero, el presidente Daniel Ortega criticó duramente a la Iglesia católica, afirmando que una «mafia» dentro del Vaticano es la que decide la elección del papa y de los altos dirigentes religiosos.
En total, más de 2 mil asociaciones, ONG u organizaciones patronales han sido declaradas ilegales desde la adopción de leyes restrictivas que les imponen severos controles.
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