Gobierno de Ortega niega entrada de nicaragüenses al país

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El presidente  de Nicaragua, Daniel Ortega, negó la entrada de connacionales al país, denunció este jueves 29 de septiembre el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

“Advertimos del incremento de un padrón represivo del régimen Ortega Murillo: negar la entrada de nicaragüenses a su propio país”, alertó el CENIDH en una declaración pública.

El CENIDH es un organismo crítico con el Gobierno de Ortega y que fue ilegalizado por las autoridades en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018.

El lunes pasado, las autoridades negaron el reingreso al país al sacerdote nicaragüense Guillermo Blandón, quien regresaba de un viaje por Israel, según denunció un día después la parroquia Santa Lucía, de la Diócesis de Granada (sur).

Jesuitas desterrados

Otros nicaragüenses a los que se les ha impedido retornar a su país en los últimos meses, según un registro del periódico digital Confidencial, son el vicerrector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), Jorge Huete, a quien le prohibieron el retorno después de un viaje de trabajo a Argentina.

El exrector de la UCA José Alberto Idiáquez tampoco pudo regresar a Nicaragua en julio pasado, cuando se encontraba en México atendiendo problemas de salud, porque las autoridades no le renovaron su pasaporte.

Otra afectada fue la socióloga feminista opositora María Teresa Blandón, quien venía de participar en una conferencia sobre población y desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y en El Salvador, donde hizo escala, la línea aérea le informó que el Gobierno sandinista había prohibido su ingreso a Nicaragua.

Nicaragüenses “apátridas”

Otros nicaragüenses desterrados son el sacerdote Juan de Dios García, vicario de la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, en Managua; Alexa Alfred Cunningham, miembro de un mecanismo de expertos sobre derechos de pueblos indígenas de la ONU; y el abogado Francisco Omar Gutiérrez.

También el médico Joaquín Solís Piura y su esposa, y el escritor Mario Urtecho.

Además no se les ha permitido entrar al país a los nicaragüenses residentes en el extranjero: la periodista Tifani Roberts, Rosalía Miller, Felicia Medina, y Lester Alemán, este último padre del joven del mismo nombre que fue condenado por delitos considerados “traición a la patria”.

Violación a la Constitución y a ley internacional

El CENIDH sostuvo que las autoridades están violando la Constitución Política de Nicaragua, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son instrumentos jurídicos reconocidos por el Estado nicaragüense.

La Constitución Política señala que “los nicaragüenses tienen derecho de circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional. A entrar y salir libremente del país”.

Hasta ahora, el Gobierno de Ortega no ha explicado los motivos por los cuales ha negado el ingreso a esos nicaragüenses.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las cuestionadas elecciones del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega se reeligió para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Con información de agencias (EFE, AFP)