Los representantes de Venezuela negaron la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país, acusaron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de usurpar funciones y pusieron en duda los relatos de las víctimas. Esto se dio en el contexto de la segunda audiencia de la CPI para evaluar la reanudación de la investigación “Venezuela I”.
En la presentación de argumentos formuladas este miércoles 8 de noviembre de 2023, los abogados del Estado venezolano, Bob Emmerson y Aitor Martínez, señalaron que hubo “inocencia y laxitud” a la hora de redactar el Estatuto de Roma, lo que permitió un uso político por parte de un grupo de Estados en 2018 para interponer la denuncia contra Venezuela.
Según el abogado Martínez, no hay estándares mínimos suficientes para llevar a cabo una investigación en el país y la CPI lo que debería hacer es determinar la presencia o ausencia de una política estatal.
Sobre este punto, Emmerson dijo que la propia Fiscalía “no sabe a dónde va” con las acusaciones a rangos altos y tampoco sabe si, de acuerdo a la jurisdicción venezolana, cargos como tenientes coroneles o sargentos entran en esa descripción.
“Lo que ocurrió aquí es una usurpación de la función judicial desde el fiscal (Karim Khan) y una orientación de la Sala (de Cuestiones Preliminares) hacia ello”, manifestó.
Emmerson respondió a las declaraciones de la Defensoría para las Víctimas y dijo que ellos exhibieron “una retórica muy persuasiva” basada en sentimientos y de las cuales no se pueden comprobar si efectivamente sufrieron violaciones a los derechos humanos o crímenes graves.
En el último tramo de la sesión también intervino el canciller venezolano Yván Gil, quien desestimó la CPI como una instancia efectiva.
“Con todo respeto, el número de asuntos resueltos por Venezuela supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la Corte Penal Internacional (…). No se trata de una competición entre Venezuela y la CPI, es una realidad inobjetable. El Estado es el mejor lugar para garantizar justicia (…) La justicia local tiene más resonancia y garantiza disuasión”, aseveró.
Asimismo, Gil calificó de “inminente” la apertura de la Oficina de la Fiscalía en Caracas y aseveró que se han hecho reformas para garantizar la justicia conforme a estándares internacionales, aunque solo mencionó la reforma al Código Orgánico de Justicia Militar para eliminar que se juzguen a civiles en estos tribunales.
¿Qué viene ahora?
Luego de que los jueces de la Sala de Apelaciones de la CPI escucharan a ambas partes, se acordó celebrar en los próximos meses una audiencia para decidir si se reanuda la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Si los jueces coinciden en confirmar la decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares, la investigación de la CPI en Venezuela continuará. Esto significa que la CPI podría comenzar a investigar casos específicos de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela. La Fiscalía de la CPI podría emitir órdenes de arresto, realizar interrogatorios y recopilar pruebas.
Si los jueces deciden revertir o modificar la decisión, la investigación podría ser suspendida o enviada a la Sala de Cuestiones Preliminares para una nueva determinación.
Con información extraída de Tal Cual
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