La Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) de México público un informe sobre el abuso sexual «cotidiano y masivo» a menores, de entre tres y siete años, en 18 escuelas de siete estados de México.
El texto, reseña la explotación sexual infantil en escuelas, y en algunos casos los abusos eran perpetrados por maestros, directivos, personal administrativo e incluso el hijo de uno de los profesores.
«¿Cómo se explica la coincidencia de tantos agresores en una misma escuela? Y ¿Cómo se explica su actuación conjunta y coordinada?», cuestionan los autores de la investigación.
El presidente de México, López Obrador, dijo que el Gobierno «trabaja duro» para hacer frente «a todas estas acciones reprobables, indignas, que tiene que ver con el abuso de menores».
En 2011, la Procuraduría General de la República contactó a la ODI para solicitar su apoyo para atender a más de 30 niños y niñas que decían haber sufrido abuso sexual en la escuela de Andrés Oscoy, en Iztapalapa.
Narraron cómo las agresiones se producían en los baños, en la oficina de la dirección, en un cuarto de drenaje e, incluso, en espacios abiertos como el patio de la escuela.
Patrón delictivo
A raíz de ese caso, la ODI investigó otros similares que podían ser indicativos de un patrón delictivo.
Se identificaron 37 casos con posibles coincidencias y, de estos, solo fue posible conocer con mayor detalle sobre lo referido por las víctimas en 18 escuelas en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca.
En todos ellos se repitió un mismo patrón: el abuso se cometió por múltiples adultos de manera conjunta y registró «una violencia atípica» y «prácticas aberrantes».
«Resulta difícil de entender cómo un delito de esta naturaleza se comete de manera tan abierta dentro del contexto escolar», denuncia la ODI.
La asociación estima que en 2010, tan solo en México, la explotación sexual de niños y niñas generaba 24.000 millones de dólares anuales, por encima de la venta de armas y solo por debajo del narcotráfico.
«La fragmentación de la investigación, la exclusión de las víctimas y la falta de procedimientos adecuados para la testimonial infantil, se traducen en una garantía de impunidad para la delincuencia compleja contra la infancia», destaca el informe.
Fuente: RT
