Feliciano Reyna, coordinador de la ONG Acción Solidaria, aplaude el pronunciamiento, aunque algo tardío, que varias agencias de la ONU han expuesto desde el fin de semana exigiendo la liberación inmediata de los 5 activistas de Azul Positivo.
Expresó Reyna, a través de Radio Fe y Alegría Noticias, que las demandas de ONUSIDA, Alto Comisionado de Derechos Humanos, OCHA, Fondo Mundial de Población y de la misma Secretaría General de Naciones Unidas, es una clara señal de que esas instancias abogan «por sus socios implementadores de Naciones dentro del Plan de Respuesta Humanitaria que es compartido con el gobierno nacional» que se implementa en Venezuela desde hace algunos años.
Para el activista los comunicados de alto nivel dados a conocer durante el fin de semana son trascendentales «porque también hacen un llamado a preservar las condiciones necesarias del trabajo humanitario en Venezuela dada la situación crítica humanitaria».
Recuerda que uno de los principios del extenso e incidente trabajo de las organizaciones humanitarias «es no hacer propaganda» y debido a esto «tal vez se llegue a pensar que se hace muy poco, y eso no es cierto, el mapa de acción pública de unas 130 organizaciones en el país es muy importante», acota Reyna.
Otro de los preceptos que cumplen las socias implementadoras de programas de la ONU «es rendir cuentas de acuerdo a unos protocolos de implementación, y esto es lo que han hecho los compañeros de Azul Positivo».
En ese sentido, destacó el trabajo de organizaciones como las ya nombradas y de Cáritas, Fe y Alegría, Cruz Roja, AVESOC, y en el caso de Acción Solidaria reseñó que al mes distribuyen entre 50 mil y 70 mil tratamientos en los hospitales públicos para pacientes con cáncer.
Sin embargo, acotó que «nada puede sustituir la acción que debería hacer el Estado a través del sistema de salud pública y en los programas de alimentación escolar, nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance».
Precisó que debido a la magnitud de la crisis humanitaria compleja es mucho mayor el número de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en varios aspectos, «y tal vez por eso se note que nuestro trabajo es poco, es por esta razón que también abogamos por una mayor cooperación internacional en Venezuela».
Suspendidas las transferencias en efectivo
En torno a un polémico aspecto por el cual supuestamente agencias de la ONU han suspendido algunos programas de atención, el activista aclaró que «lo que se pidió parar, sobre todo por la consecuencia tan grave que es la detención de nuestros compañeros de Azul Positivo, es lo que se llama los programas de transferencia de efectivo».
Lamentó esta decisión momentánea, aunque necesaria por ahora, porque este tipo de programas forma parte de la respuesta humanitaria en el mundo «en países como Afganistán, Siria, República Democrática del Congo, donde se hacen transferencias de efectivo para personas de mayor vulnerabilidad y son esenciales para que, por ejemplo, una familia pueda tener accesos a alimentos, y con eso también ayuda a los comercios locales».
Sobre ese particular manifestó reservas el gobierno en cuanto a la actuación de la ONG en cuestión «pero que afecta a 38 programas de ese tipo y que están parados en este momento», aunque remarcó que no había «nada ilegal en lo que estaba haciendo Azul Positivo pero se acordó paralizar esos programas para evitar otros daños mayores a otras organizaciones hasta llenar unos requisitos que está planteando SUDEBAN al sistema de Naciones Unidas».
Dijo avalar estos procedimientos que buscan la transparencia en el manejo de fondos «pero no hay razón alguna para que nuestros compañeros sigan detenidos y ni siquiera se considera la medida de irse a su casa mientras dure el juicio».
Toda ley que restrinja es violatoria de los derechos humanos
Sobre la tentativa que se cierne en la nueva Asamblea Nacional, y ante las advertencias previas que ha hecho el diputado Diosdado Cabello, de aprobarse una ley que restrinja la entrega de fondos para organizaciones humanitarias, Reyna expresó tajantemente que «cualquier intento de restringir por supuestamente atentar contra la estabilidad del Estado es una violación de derechos humanos».
Hace recordar que Venezuela es signataria de tratados y convenciones internacionales que garantizan la facultad que tienen las personas de asociarse libremente, por un lado, y la facilidad para movilizar recursos por parte de esas asociaciones para poder llevar adelante sus acciones.
