En el lago Izabal, el más grande de todo Guatemala, ya no abundan los peces como en el pasado. O al menos esa es la denuncia de los pescadores de la zona, que dicen que desde que la compañía Guatemala Níquel Co., subsidiaria del Grupo Inversionista suizo Solway, comenzó su actividad extractiva en 2014.
Desde entonces, el conflicto ha estado latente, la semana pasada, parte de la comunidad se manifestó por las calles de El Estor, un municipio contiguo al lago.
Las protestas se tornaron violentas y el Gobierno guatemalteco decretó el estado de sitio desde el domingo pasado.
El toque de queda y la presencia de más de mil militares son algunas de las medidas que han regido en la zona esta semana.
Las medidas han sido criticadas por los manifestantes como una criminalización de su lucha, que legitiman al ver la contaminación se produce desde la mina.
“Es una empresa que a la larga nos trae muerte”, afirma Cristóbal Pop, presidente de la Unión Pesquera. Y añade: “El lugar se está convirtiendo en un desierto, nosotros dependemos de las fuentes de agua”.
El conflicto está lejos de decantarse
El conflicto ha dividido a la población. Se trata de una disputa que enfrenta los intereses económicos con el cuidado medioambiental y la preservación de las aguas con la generación de empleo y de dinero que se derivan de la explotación.
«La empresa no nos afecta. La empresa minera ayuda a la gente del pueblo porque, por ejemplo, algunos trabajan allí y otros no, pero también se benefician porque el dinero que circula aquí se queda en el pueblo», dice Emilio Jalal Tzoc, un pescador de la zona.
Según la comunidad indígena, la empresa sigue trabajando aun cuando un tribunal guatemalteco ordenara la suspensión de sus actividades, al no haber consultado con la comunidad antes de generar la explotación.
Sin embargo, la minera ha respondido que dichas acusaciones son falsas y que el fallo no tenía efecto sobre sus actividades.
“El tema de cerrar nuestras operaciones simplemente no está sobre la mesa, porque no hay razones para ello”, concluye Dmitry Kurdrykov, presidente de la empresa minera.
El Gobierno guatemalteco publicó un comunicado en el que afirmó que la orden judicial, uno de los reclamos más fuertes de la comunidad, no aplica para la minera.
Fuente: AFP, Diario La Hora
