A través de un comunicado el pueblo indígena Wötjüja, cuyos habitantes se encuentran en los alrededores de los ríos Autana, Cuao, Sipapo, Guayapo y de sectores del Orinoco medio, del municipio Autana, estado Amazonas, declararon que retoman «la defensa de sus territorios ancestrales contra grupos o personas armadas, con características colombianas», aseguró la Defensora del Pueblo de Amazonas, Daniela Maldonado.
Y agregan: «siempre será de manera pacífica, con paso firme y decidido».
La defensora explicó que, en concreto, exigen a los comandantes de las organizaciones de FARC y el ELN, que no aceptan cualquier forma de violencia y ordenan «de manera inmediata» el abandono de los territorios «de manera definitiva».
Este documento, fechado el 2 de marzo de 2020, se lo han entregado a instituciones como la Defensoría del Pueblo de Amazonas y a otras autoridades militares y civiles de la entidad, como el General de la Zona de Defensa Integral y el Fiscal Superior del Ministerio Púbico de Amazonas.
En el documento, los indígenas dicen estar «cansados que los gobiernos no atiendan nuestros problemas o necesidades; cansados de observar en medio de la crisis de nuestro país, que todos los días suban en nuestros ríos Sipapo y Autana, grandes cargas de los tambores de combustibles y alimentos, de que nuestras familias no puedan movilizarse, ni sacar sus productos, dependiendo de unos grupos o personas ajenas a nuestro territorio».
A propósito de esta situación, Maldonado, conversó con Radio Fe y Alegría Noticias y precisó que «ellos consideran como dañina la presencia de grupos irregulares llámense FARC, ELN y otras personas ajenas a su pueblo en sus territorios ancestrales».
Estos «grupos armados» no solamente ejecutan las prácticas mencionadas en el comunicado, sino que además practican el extractivismo y otros tipos de minería ilegal de recursos como el oro y el coltán.
Por otro lado, los indígenas «también exigen que no haya reclutamiento de sus niños y jóvenes para estos grupos armados», dijo Maldonado.
Estas denuncias vienen siendo recurrentes en los estados fronterizos de Venezuela con Colombia sin que las autoridades militares y de seguridad nacionales actúen al respecto.
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Siete años con esta lucha
Los integrantes del pueblo indígena wötjüja, ubicado en los municipios del sur del estado Amazonas, vienen emprendiendo esta lucha desde el 2013. Maldonado aseguró que los miembros de estas comunidades han mantenido un «diálogo» con estos grupos armados, pero todavía no han salido de sus territorios. La negativa ha sido constante.
En ese sentido, en el documento se puede leer que decidieron declarar y exigir «que sean desalojados de nuestro territorio ancestral a todas personas armadas, tantos nacionales y extranjeras».
«Porque estos han ido en aumento el conflictos interno con nuestro propios hermanos Indígenas, con quienes por razones económicas se han ido sumando a estos grupos…», agregan.
Los indígenas denuncian además que la presencia, permanencia y circulación de estos grupos armados es pública y notoria «en los puertos de nuestro municipio como comerciantes informales: Boca Sipapo, Morganito y en Samariapo; así como, en la Capital de nuestro municipio Autana».
Aunque no se han demarcado sus territorios, pese a su insistencia desde hace años, quieren que sus territorios sean libres y que tengan derecho a su autogobierno, a su administración, a conservar, a producir dentro de sus territorios sin ninguna presión. No quieren ser desplazados.
Igualmente son conscientes, de acuerdo a la Defensora, que si algunos de sus hermanos indígenas se han prestado para esto, les demandan «que no sigan recibiendo más nada ni tampoco beneficios económicos por estos grupos, porque éste es su territorio».
¿Y qué dicen los representantes de las FANB en Amazonas?
La Defensora del Pueblo advierte que las autoridades militares de la entidad conocen de la situación porque han recibido estos comunicados. Sin embargo, sus respuestas y acciones de contención no terminan de verse.
Desde la Defensoría, con el Defensor Indígena que se encuentra en Autana, han estado prestos a acompañar a los afectados y que se les respeten sus derechos sobre sus territorios y sus formas de vida para que puedan transitar libremente sin problema en sus sectores.
Cabe recordar que en noviembre de 2019 se produjo un enfrentamiento entre un grupo de indígenas con estos agrupaciones armadas en el sector Alto Guayapo, donde lograron expulsar las maquinarias para la extracción de oro.
Tampoco quieren el Arco Minero
El gobierno que encabeza Nicolás Maduro ha sido uno de los principales promotores de la explotación del Arco Minero en los estados Bolívar y Amazonas. Esta práctica ha sido denunciada no solo activistas de la ecología sino también por organizaciones de Derechos Humanos.
Sobre ello, Daniela Maldonado asevera que en toda Amazonas «la minería es ilegal».
«No están de acuerdo con arcos mineros. Han levantado sus informes donde señalan los daños a la parte ambiental. Han dicho lo que está mal. La contaminación, el uso de máquinas en los distintos sectores», señala.
«Tenemos que unirnos todos porque si no cuidamos la Amazonía vamos a tener un futuro incierto», remató Maldonado.
