El abogado Abraham Gómez, asesor de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional de 2020 por la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial, delineó las posibles acciones que Venezuela podría emprender para regular la explotación de recursos en el territorio en disputa.
Gómez explicó en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias que, junto con la presentación de la contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el próximo 8 de abril, el Estado venezolano podría manejar dos estrategias adicionales.
En primer lugar, iniciar un juicio de reconvención, un recurso conocido en el derecho internacional público, para solicitar la paralización de actividades de 59 empresas transnacionales de Estados Unidos, Noruega, Brasil, Holanda, Canadá, entre otros, que, según Gómez, están “esquilmando” los recursos naturales de Venezuela.
Por otro lado, demandar a Guyana por los presuntos daños y perjuicios causados a Venezuela, especialmente en lo que respecta a la contaminación de los recursos ambientales.
“Guyana no ha respetado el Acuerdo de Ginebra y ha entregado a diestra y siniestras concesiones petroleras en un mar territorial que aún está por delimitar. Están explorando, explotando y comercializando en tres bloques”, declaró Gómez.
¿Debe presentarse Venezuela ante la CIJ?
La incertidumbre persiste sobre si Venezuela comparecerá ante la CIJ el próximo 8 de abril para presentar formalmente el memorial de contestación de la demanda emitida por la República Cooperativa de Guyana en marzo de 2018.
Gómez dijo que Venezuela puede optar por el diálogo directo, como según él lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, o prepararse con argumentos respaldados por “justos títulos traslaticios”.
Entre estos títulos, Gómez mencionó la Real Cédula de Carlos III de 1777, que establece la creación de la Capitanía General de Venezuela, y el reconocimiento de la independencia venezolana por parte de España en 1845, que ratifica la extensión territorial hasta la mitad del río Esequibo.
“Esto no es un acto de gobierno, hay que saber diferenciar, esto es un asunto de Estado y que, por lo tanto, trasciende cualquier parcela política e ideológica (…) Aquí debe estar todo el país confitado, unido y solidario en búsqueda de su reclamo y la restitución de ese pedazo de tierra de 159.500 km cuadrados”, subrayó.
Reiteró que el Acuerdo de Ginebra es el único documento con vigor jurídico con el cual Venezuela buscará insistir en la CIJ.
El abogado explicó que el juicio que comenzará el 8 de abril es el inicio de la fase postulatoria, seguida de etapas de pruebas y alegaciones, lo que podría extenderse por al menos dos o tres años más.
Finalmente, Gómez señaló que la autorización para que Venezuela comparezca en la fecha establecida para presentar su memorial de contestación de la demanda la otorga el jefe de Estado, ya que es una reserva constitucional que él posee, y la CIJ operaría de acuerdo a su estatuto, no según disposiciones internas de los Estados.
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