Este viernes 5 de febrero se efectuó una nueva audiencia sobre el caso del empresario colombiano Alex Saab por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao).
En la jornada de presentación de nuevos alegatos de cada una las partes en el litigo, la defensa mantuvo su argumento que para el momento de la detención de Saab, el pasado 12 de junio de 2020, éste era un agente especial humanitario del gobierno de Venezuela y que por tanto ostentaba, y sigue poseyendo, una condición diplomática particular.
Uno de los abogados defensores, el nigeriano Femi Falana, insistió en todo momento que debido a esa particularidad el empresario no puede seguir privado de libertad ni sometido a causa alguna en materia judicial.
Falana arguyó que el 24 de diciembre de 2020 Saab fue nombrado «representante permanente alterno de Venezuela en la Unión Africana», asunto que confirmó el canciller venezolano Jorge Arreaza, con lo que su «inmunidad quedó así reforzada».
Igualmente admitió que luego de varias gestiones la justicia de Cabo Verde accedió a otorgarle arresto domiciliario pero se quejó de «las actuales condiciones que no cumplen los estándares internacionales» de protección y confort.
Este miércoles Saab se quejó de que no tenía internet y que era vigilado por un dron y la policía durante las 24 horas del día.
En contraparte, el jurista Henrique Borges, en representación de Cabo Verde, defendió una vez más la posición de su país al ratificar que no se reconoce la jurisdicción del Tribunal de Justicia ya que la isla no se adhirió al protocolo del año 2005, que establece ese juzgado puede conocer de casos de vulneraciones de derechos humanos y de otros asuntos de interés de la comunidad africana.
Pero la respuesta más contundente de Borges fue la de reiterar que en su país «no hay ningún indicio de que Alex Saab tenga condición diplomática».
Para muchos entendidos en la materia, y aunque el Tribunal aún no ha emitido un fallo tras esta sesión, todo parece indicar que avance inexorablemente el proceso de extradición del colombiano a Estados Unidos, donde es requerido por supuestos varios delitos financieros.
