Panamá registra una seguidilla de protestas masivas contra la firma de un contrato de minería entre el Gobierno y la multinacional Firts Quantum Minerals.
El contrato suscrito tiene una duración de 40 años a partir de marzo de 2023. El documento fue firmado por el Gobierno y Minera Panamá, empresa que es a su vez una subsidiaria de la multinacional Firts Quantum Minerals.
La firma del contrato está ahora mismo en un proceso de debate en el seno del Parlamento Nacional, órgano que debe aprobar o rechazar de acuerdo con sus atribuciones.
Grupos de civiles y organizaciones no gubernamentales sostienen que en el documento existen irregularidades. Estos errores estarían, incluso, en el proceso de consulta y debate.
Las organizaciones denuncian que no existió una consulta de acuerdo con las leyes de Panamá y en el proceso se violaron varios apartados.
En medio de las protestas que protagonizan las organizaciones obreras, docentes, ambientalistas e indígenas, prosiguen las audiencias organizadas por el Parlamento para recoger criterios entre las comunidades.
Los encuentros o espacios de debates se centran en de Colón y Coclé, en el centro de Panamá, donde están las provincias en cuyos territorios ocurrirán los mayores impactos ambientales.
A juicio del abogado experto en temas de minería y arbitraje, Guillermo Cochez, el proyecto de ley 1043 es lesivo a los intereses de Panamá debido a concesiones que se le otorgaría a la empresa de minería y que considera ilegales e inconstitucionales.
Con una nutrida participación por parte de lugareños de la región del distrito de La Pintada en Coclé, la Comisión de Comercio continúo escuchando, las distintas ideas con respecto al Proyecto de Ley sobre el contrato minero. pic.twitter.com/Kqo2cxTwBi
— Asamblea Nacional (@asambleapa) September 8, 2023
Impedimentos: algunas precisiones
Diversos grupos sociales rechazan que dentro del contrato, el Estado autoriza la construcción de un puerto por parte de la multinacional canadiense. Los servicios de puerto que ofrezca la empresa serán de carácter estrictamente privado por lo cual se cobrará, todos los servicios.
Mientras el puerto y sus actividades generan capital para la multinacional, al Estado panameño no le ingresará ni un centavo.
Otro aspecto que rechazan es que el Estado debe otorgar facilidades para la producción de energía que podrán ser vendidas por la multinacional. Ninguna de las comunidades ubicadas en la zona de incidencia de la minería en Panamá se beneficiarán.
Por si fuera poco, la multinacional prohíbe de manera expresa el ingreso o uso del espacio aérea de la zona de explotación, incluso 3 mil metros antes.
Cochez refirió que el nuevo contrato otorga a la minera la facultad para adquirir tierras y expropiarlas si los propietarios no las quieren vender. Recordó que durante años las actividades de esta empresa han destruido comunidades campesinas e indígenas y expropiado tierras que les pertenecieron.
Cuestionan que la minera haya defendido el estudio de impacto ambiental que estaba dentro del anterior contrato. Ese contrato (el anterior) fue declarado inconstitucional en 1997 por la Corte Suprema de Justicia. La sociedad civil exige que la empresa debe realizar un nuevo estudio, pero ha buscado la manera de evitarlo.
Presencia de vieja data y renegociación
En el contexto del nuevo contrato, los grupos sociales de Panamá reconocen que la presencia de la multinacional canadiense es desde hace tres gobiernos.
Por tanto, consideran que exigir la salida de la empresa no está entre sus pedimentos, pero sí consideran que el contrato debe ser renegociado.
Aseguró que, tratándose de un contrato nuevo, el Gobierno de Laurentino Cortizo debió realizar una licitación. En caso contrario, solicitar una excepción de licitación, lo cual no ocurrió, dijo.
Recalcó que no está sugiriendo que se marche, sino que se renegocie el contrato y se pague al Estado de acuerdo a los beneficios que aquella recibe.
First Quantum Minerals y sus maniobras para evitar pagos a Panamá
Según los grupos sociales, las operaciones de First Quantum Minerals en Panamá pueden generar grandes réditos al punto de poder compensar significativos aportes sociales.
También denuncian que dicha empresa va a pagar 395 millones de dólares por concepto de deudas con el Estado. Por otro lado, estaría evitando pagar otros 800 millones que adeudan de 2021 y 2022 cuando no había contrato.
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