De acuerdo con un informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) las fuerzas de seguridad en Venezuela han usado las medidas para evitar la propagación del Coronavirus como una excusa para reprimir voces disidentes.
También en el informe se menciona casos en los que 162 personas habrían sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre mayo y junio, y 257 detenciones arbitrarias documentadas entre marzo y julio por la organización no gubernamental venezolana Foro Penal.
En el documento se expresa que desde que se declaró el estado de excepción para combatir el brote infeccioso, en marzo de 2020, 162 personas habrían sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre mayo y junio, y 257 detenciones arbitrarias documentadas entre marzo y julio por la organización no gubernamental venezolana Foro Penal.
Según HRW a muchos de los detenidos se les imputaron delitos previstos en una ley contra el odio «absurda y excesivamente amplia», y son procesados por un Poder Judicial «sin independencia».
«A los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al cierre de tribunales por el Covid-19. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos que podrían constituir torturas»
HRW
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que el estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados «partidarios del gobierno», que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos.
«En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado via WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”
José Miguel Vivanco
Golpeado en la cabeza con una botella congelada
Entre los casos referidos por Human Rights Watch resalta el el abogado de derechos humanos Henderson Maldonado, quien grabó a una mujer llorando en el estado Lara porque su hijo, un paciente de cáncer, no había podido conseguir el combustible necesario para viajar y recibir tratamiento.
Una hora después, un agente de la Guardia Nacional Bolivariana se acercó a Maldonado y exigió que le entregara su teléfono y su identificación. Maldonado alcanzó a llamar al Movimiento Vinotinto antes de que los agentes se lo llevaran a la sede central de la Guardia Nacional, donde lo rodearon cerca de 10 agentes.
Cuando Maldonado explicó que era un defensor de derechos humanos que trabajaba para una organización no gubernamental, el coronel Franklin Meléndez empezó a golpearlo en el rostro, le dijo improperios y ordenó a los efectivos policiales que lo esposaran a una columna.
Maldonado expresó que no le dieron comida ni agua y que no le permitieron usar un baño ni llamar a sus familiares durante las cinco horas que estuvo esposado.
Un funcionario de seguridad lo golpeó en la cabeza y en la mano con una botella de agua congelada, le dijo que no merecía vivir. Otros agentes amenazaron con incriminarlo en la comisión de delitos sembrándole cobre. La posesión de cobre constituye un delito en Venezuela, puesto que el gobierno ha declarado el metal un material “estratégico” para la industria nacional.
El director del Movimiento Vinotinto y un representante de la Defensoría del Pueblo pudieron visitarlo después de las 5 de la tarde. Maldonado contó que pasó la noche en una celda en condiciones insalubres, y que estaba repleta de envases de gasolina. Los guardias lo alumbraban y golpeaban la puerta para mantenerlo despierto.
Al día siguiente, funcionarios lo trasladaron dos veces al Juzgado Primero del Municipio Iribarren antes de una audiencia programada para las 4 de la tarde. Luego de imputarle los delitos de resistencia a la autoridad e instigación pública a la violencia, fue liberado con la condición de que se presentara cada 30 días ante el tribunal.
La investigación en contra de Maldonado se ha suspendido, pero podría reabrirse.
26 horas esposado a una tubería sin derecho a usar el baño
El 18 de abril, dos policías locales en Chivacoa, estado Yaracuy, interceptaron en la calle al abogado venezolano Iván Virgüez, de 65 años, y le dijeron que los siguiera hasta la comandancia de la policía.
Virgüez es presidente de la organización local de derechos humanos DantaKultura. En sus redes sociales, Virgüez había criticado a los gobiernos nacional y local por su manejo de la pandemia y por la escasez de combustible.
Luego de mostrarle una de sus propias publicaciones en Facebook en un teléfono celular, un comandante en la jefatura de policía le informó a Virgüez que estaba detenido.
En la publicación, Virgüez había expresado preocupación por la decisión de las autoridades de alojar a retornados venezolanos procedentes de Colombia en un centro de cuarentena en la localidad de Bruzual. Había instado a la alcaldesa de Bruzual, Carmen Victoria Suárez, y al gobernador de Yaracuy, Julio León, ambos pertenecientes al partido de Maduro, a abordar con seriedad el riesgo de propagación de la COVID-19. Previamente, Virgüez había manifestado preocupación respecto a la escasez de combustible.
La policía lo esposó a una tubería metálica suspendida a 60 centímetros del suelo en el patio del centro de detención, bajo el sol, durante dos horas. El abogado de Virgüez visitó al jefe de policía de Yaracuy, pero las autoridades no le permitieron reunirse con Virgüez.
Los agentes no permitieron que Virgüez usara un baño. Pasó la noche esposado sobre un colchón sucio.
La sobrina de Virgüez pudo visitarlo al día siguiente, pero para entonces ya había estado 26 horas esposado sin poder usar un baño. Lo halló sufriendo un fuerte dolor de vejiga. El jefe de policía dispuso su traslado a un hospital, donde profesionales de la salud pudieron atenderlo poco antes de que sufriera un daño permanente en la vejiga.
Virgüez fue trasladado a la comandancia de patrulleros urbanos luego del tratamiento, y esa noche la policía lo retuvo en una celda de menos de 16 metros cuadrados con otras siete personas.
Después de dos días de detención, presentaron a Virgüez ante la justicia y le imputaron los delitos de desorden público, desacato, difamación de autoridades e instigación a la rebelión. Sigue bajo arresto domiciliario y sólo se le permite salir por motivos médicos, con autorización policial.
Invocando restricciones vinculadas con la pandemia, las autoridades han negado a los abogados de Virgüez acceso a su expediente penal y al fiscal asignado al caso.
En numerosos casos reportados desde el inicio del estado de excepción, las personas que compartieron o publicaron información en redes sociales cuestionando a funcionarios públicos o criticando políticas públicas fueron acusadas de incitación al odio o a delinquir.
En 2017 fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente una ley contra el odio, y que de acuerdo con HRW contiene disposiciones imprecisas que prohíben los “mensajes de intolerancia y odio” publicados en medios de comunicación o redes sociales.
Los delitos acarrean una pena de hasta 20 años de prisión. En varios casos, se les han imputado delitos de posesión de armas o “agavillamiento” (asociación ilícita) a opositores políticos, a partir de pruebas que habrían sido plantadas para incriminarlos.
Debido a la pandemia, los tribunales funcionan con un cronograma limitado. Esto ha generado demoras en la tramitación de liberaciones y en el acceso a expedientes por parte de los abogados defensores.
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