El abogado Carlos Lusverti, experto en la materia de derechos humanos en Venezuela, hizo un recuento histórico para entender por qué razones ha tenido un alto impacto la publicación del informe conclusivo de la Misión independiente de determinación de los hechos por mandato de Naciones Unidas en el país.
En conversación con Radio Fe y Alegría Noticias explicó que en septiembre de 2019 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como principal órgano internacional en materia de derechos humanos, tomó la decisión de convocar a tres expertos internacionales e independientes para investigar las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas que estaban ocurriendo en Venezuela desde el 2014 hasta este año.
Dado se trabajo de un año la Misión presentó púbicamente su informe el 16 de septiembre «y concluyó inequívocamente que, luego de revisar más de 2 mil situaciones ocurridas en 6 años, efectivamente en Venezuela ocurrieron estas cuatro graves violaciones de derechos humanos con carácter sistemático».
Esto quiere decir que se diseñó una política de Estado con tres ejes fundamentales: la persecución por motivos políticos, como parte de una política de seguridad ciudadana y como una forma de represión a los derechos de las personas en contextos de protestas y manifestaciones.
Lusverti precisa que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales la Misión analizó 140 casos de las mal recordadas OLP (operaciones de liberación del pueblo), en las cuales se ejecutaron a personas con un determinado perfil como el de ser hombres jóvenes que vivían en pobreza «y se les plantaban evidencias, se simulaban enfrentamientos y ese mismo patrón se mantuvo en otros casos donde se señala a las FAES».
Para el integrante del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el dato más concluyente del documento es la determinación de los funcionarios que son responsables de estas acciones por acción u omisión. «Y por ser delitos de lesa humanidad las responsabilidades no prescriben aun cuando se cambie de gobierno en el país».
En este sentido, aclara el jurista que son responsables de los hechos las instituciones implicadas y quienes están al frente de las mismas. Solo se diferencia el grado de responsabilidad entre quienes ejecutan los hechos y quienes dan las órdenes «o sabiendo que eso estaba pasando no tomaron las medidas para impedirlo».
En caso concreto, reseñan a las autoridades de la PNB, al ministro de interior y justicia, al ministro de la defensa «porque sabían o debían saber quién o quiénes habían ordenado el cometimiento de estos hechos…y eso es una responsabilidad personal».
En el caso de la represión política se identificaron al SEBIN y a la DGCIM como las instituciones responsables de las detenciones arbitrarias «y también de gravísimos casos de torturas».
Se distingue a la GNB, policías estadales y grupos de civiles armados como los responsables de muertes en contextos de protestas y reclamos por derechos a la alimentación, a la salud, a una vivienda, a la participación política,, por uso excesivo de la fuerza pública, disparos de bombas lacrimógenas y perdigones, entre otras acciones.
La impunidad interna no ayuda
Lusverti reveló en esta entrevista que al menos en 6 oportunidades los tres integrantes de la Misión intentaron, a través de la cancillería venezolana, la posibilidad de visitar Venezuela de forma directa «y el mismo gobierno tuvo la posibilidad de enviar información para cuestionar y dar su punto de vista y no lo hizo».
En esta línea también cuestiona e interpela al Ministerio Público y otros órganos de justicia por la reinante impunidad en esta materia de derechos humanos «pese a las estadísticas que presentó hace días el Fiscal ya que no se aplicado justicia».
Advierte que la impunidad propicia la repetición de estos hechos y los perpetradores de estas violaciones, al no recibir el castigo debido, se siguen sintiendo en la libertad de continuar en estas prácticas violatorias de derechos humanos.
Para este miércoles 23 de septiembre se tiene previsto un diálogo interactivo en el que los miembros del Consejo hagan preguntas y comentarios directamente a la Misión sobre el informe.
También se dará una oportunidad para que la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en derechos humanos puedan hacer comentarios y preguntas.
En cuanto a la participación de Venezuela en este espacio, el activista acota que la representación del gobierno tendría el derecho a la réplica que lo ejercería el embajador Jorge Valero.
Luego de este momento provendrá un segundo debate en el seno del Consejo sobre si la Misión deba seguir operando en Venezuela, demanda que vienen promoviendo las diferentes ong de derechos humanos en el país.
