Nueva normativa para las ONG termina afectando a la población más vulnerable

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En días recientes se dio a conocer que las ONG venezolanas deberán inscribirse en el registro de la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Entre los requisitos para dicha inscripción destaca la entrega de un listado de los organismos de los cuales reciben donaciones o aportes así como también un listado de las sucursales extranjeras de las organizaciones internacionales o cualquier otra fundación con la cual haya acordado algún tipo de asociación.

La normativa también exige la data de personas beneficiarias debidamente identificadas que reciben el apoyo benéfico humanitario o cualquier otro tipo de asistencia social además de una relación de actividades y acciones que realice la organización sin fines de lucro.

Sobre este espinoso tema, ya denunciado por la mayoría de las ONG en el país, Radio Fe y Alegría Noticias conversó con Feliciano Reyna, presidente de la ONG Acción Solidaria. En principio habló de que esta nueva providencia administrativa al inicio «parecería buscar querer cumplir con obligaciones internacionales, sin embargo, la interpretación que hace esta oficina es completamente errónea».

Reyna detalló las razones de su lectura. En primer lugar señaló que el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI en español y BAFTA en inglés, «lo que busca es que en el combate justamente a situaciones que pudieran poner en riesgo que los recursos internacionales en algunas esferas se expongan a legitimación de capitales, lo hagan de una manera tal que tomen en cuenta los riesgos reales que hay».

Por otro lado, agregó el activista, entre las recomendaciones del grupo está, en su artículo 8, la de preservar a las organizaciones sin fines de lucro ante cualquier acción contraria, discrecional, que implique además a todo el universo de las demás organizaciones, «porque esto se presta más bien a daños a las personas que se benefician de la labor de las organizaciones sin fines de lucro de toda naturaleza».

También la regulación internacional protege a las organizaciones «en ámbitos no democráticos, autoritarios, de que se puedan utilizar estas provisiones administrativas para impedir, reprimir, obstaculizar su trabajo».

Advirtió que si no hay una rectificación de la forma en que ha sido presentado «una vez más ante un órgano internacional que tiene normas muy claras para, en lugar de restringir, facilitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, estuviera Venezuela señalada por incumplimiento».

¿Y las consecuencias?

Entre las principales consecuencias si se llega a concretar esta nueva medida, Reyna mencionó en principio que se criminaliza a priori «el uso de recursos de la cooperación internacional, se consideraría a las organizaciones de la sociedad como implicadas en legitimación de capitales, y eso es una especie de censura previa».

Efectos negativos que recaerán sobre organizaciones benéficas, de derechos humanos, de acciones humanitarias y de programas de desarrollo.

Por esta razón, el defensor de derechos humanos califica la acción gubernamental como «muy grave, porque de manera arbitraria se somete a las organizaciones, a las personas que en ellas trabajan e incluso a las personas beneficiarias, a una normativa que es completamente contraria a lo que se busca globalmente, Venezuela incluida, que es facilitar el trabajo para prevenir los daños que produce la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo pero nunca impidiendo, obstaculizando, restringiendo libertades como las de asociación para beneficiar a la población».

Para el presidente de Acción Solidaria el tema del financiamiento de esta clase de organizaciones de la es una excusa del gobierno para restringir el trabajo de la sociedad civil en áreas tan fundamentales como la defensa de los derechos humanos, estar al lado de víctimas de abusos de fuerzas del Estado «que incluso han sido señaladas, como las FAES por ejemplo, por la Alta Comisionada de Derechos Humanos y la Misión de Hecho».

También cree que es otra manera de intentar callar voces que señalan situaciones muy graves en materia de «desnutrición, de falta de acceso a la salud, de pobreza».