Un total de 112 organizaciones venezolanas que defienden los derechos humanos denunciaron persecución por colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso sobre Venezuela.
«Rechazamos la campaña de criminalización y desprestigio que las actuales autoridades del país realizan contra quienes han cooperado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los exámenes preliminares abiertos actualmente sobre el país», suscribieron en un documento publicado este viernes 5 de noviembre.
Las organizaciones señalan que el informe oficial «Venezuela Garante de DDHH» del Gobierno es un componente de campaña de criminalización y desprestigio hacia quienes han remitido denuncias, incluyendo a defensores de derechos humanos.
Según señalaron las organizaciones, el Estado venezolano lleva una política sistemática de restricción del espacio cívico, y de la voluntad genuina para detener las causas que permitieron que ocurrieran crímenes contra la humanidad.
Además, afirmaron que los anuncios oficiales recientes sobre leyes y reformas son «insuficientes», porque solo responden a la intención de las autoridades «de simular que existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes para impartir justicia».
«Esta campaña de descrédito busca atemorizar a las víctimas para inhibirlas que continúen suministrando sus testimonios», refirieron.
Asimismo, responsabilizaron a las autoridades del Gobierno nacional de cualquier acción contra la vida, libertad e integridad de quienes son criminalizados por suministrar información a los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos, en especial a la Fiscalía de la CPI.
También instaron a la oficina de la Corte Penal Internacional a hacer seguimiento de las «amenazas y retaliaciones» contra quienes colaboraron en la documentación para la investigación, además invitaron a la comunidad internacional a continuar observando detenidamente la situación de derechos humanos en Venezuela.
