La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) emitió un comunicado donde denuncia al Estado venezolano por violar preceptos constitucionales relacionados con el trabajo.
De acuerdo con el comunicado, el bono vacacional y el bono recreacional se pagará en dos partes: la primera parte se pagará a razón de 10 días por mes entre agosto, septiembre y octubre; y los 75 días restantes será pagado entre enero y julio de 2023.
También le recuerda al Estado que la Constitución establece la obligación de procurar a los trabajadores «una vida digna, irrenunciabilidad de los derechos laborales, duración máxima de la jornada, descanso semanal obligatorio y las vacaciones pagadas de conformidad con la Ley».
La publicación del documento es una respuesta a la decisión del gobierno a través de sus respectivos ministerios de fraccionar el pago del bono vacacional.
El primer ministerio en decidir el pago fraccionado en diez partes fue el Ministerio de Educación Universitaria, y posteriormente una decisión similar habría sido tomada por el Ministerio de Educación.
También reiteró el rechazo al «Instructivo Onapre» por provocar una «despidos indirectos» al modificar condiciones laborales, remuneración, primas y bonos salariales.
Otro hecho que denunció Averu es la falta de tutela judicial efectiva debido a que la Justicia venezolana no responde a los recursos interpuestos contra el «Instructivo Onapre).
