Tarek William Saab, Fiscal General de la República designado por la Constituyente, explicó que de acuerdo con las investigaciones, existen indicios que demuestran que los tres directivos de DirecTV detenidos sí sabían que la empresa interrumpiría sus actividades.
Según Saab, «existen elementos de convicción para presumir que tal acción fue concertada de manera ilegal por la junta directiva de Galaxy Entertainment de Venezuela en conjunto con su unidad de administración y operatividad».
“Esto en vista de que presuntamente fueron sorprendidos en su buena fe, para el presunto provecho injusto de la transnacional DirecTV”, aseveró.
“Cabe destacar que Héctor José Rivero Olivares, en su condición de gerente general de la mencionada empresa, protocolizó la venta de 25 vehículos automotores pertenecientes a DirecTV Venezuela a finales del año 2019”, dijo el funcionario.
De acuerdo con Saab, este es uno de los motivos pro cuales se les dictó privativa de libertad a tres de la antigua directiva de DirecTV.
Reiteró que el 8 de junio se llevó a cabo la audiencia de presentación, en la cual el Ministerio Público imputó la presunta coautoría en la comisión de los delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir.
El funcionario también informó que todas las personas que compraron equipos de DirecTV perdieron su dinero por la “decisión ilegal de esta empresa”
“Recordemos que hasta el mismo día de la suspensión de sus actividades, en distintos comercios del país se vendían decodificadores y suscripciones de DirecTV a precios cercanos a los 100 dólares”, aseguró Saab.
Es en este punto que el gobierno considera que el gerente general Héctor Rivero, el vicepresidente de Operaciones, Rodolfo Carrano, y el vicepresidente de Estrategias y Negocios, Carlos Villamizar, son los responsables de los delitos que se les atribuyen.
A juicio de Saab, existe un daño patrimonial causado a personas naturales y jurídicas que hicieron inversiones en equipos electrónicos y pago de suscripciones y espacios televisivos, y la empresa incurrió en la transgresión del artículo 15, numeral 10, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones;, que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la prestación de servicios en estados de excepción.
