«El gobierno, con todo respeto, debe reconsiderar la decisión que quebranta el Convenio entre AVEC y Ministerio de Educación».
Con esta exigencia el P. Álvaro Meneses, director del Colegio Diocesano de San Fernando de Apure, remarcó a través de Radio Fe y Alegría Noticias, una de las tantas incertidumbres que inundan a la educación católica del país a raíz del cambio del gobierno central en la modalidad de pago de sueldos y salarios a los trabajadores de los centros educativos afiliados a la educación.
Cuando se le consultó sobre las implicaciones y alcances del renombrado Convenio suscrito entre ambas partes desde hace 31 años, y renovado recientemente en el mes de enero, explicó que el acuerdo surge como fruto de todo un trabajo que durante años se hizo y que a la final terminó «en un reglamento de subvenciones para planteles públicos y privados inscritos en el Ministerio de Educación».
En el caso de la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC, fundada en 1945, Meneses reseñó que se unió a ese reglamento «precisamente para fortalecer la educación humana e integral de todos los niños y adolescentes en Venezuela».
Desde el año 1990, cuando se formalizan estas relaciones entre la Asociación y el gobierno venezolano, «la AVEC aprovecha esa oferta por parte del Ministerio de Educación y de esta manera fortalece a todos los centros vinculados para ofrecer una educación verdaderamente de calidad».
Pero, con pesar, dijo el sacerdote que ahora con estas modificaciones todo el espíritu y los alcances del Convenio se quebrantan, «se violan, se destruye toda esa estructura del Convenio y por eso la angustia y la desesperación no solamente de nosotros, como directores y propietarios de los centros, de los docentes sino también de los padres y representantes por lo que será entonces la futura educación de estos niños y estos jóvenes».
¿Qué aspectos del Convenio salen afectados con esta decisión del gobierno de migrar las nóminas al sistema Patria?
Para Meneses el punto focal «es que esta decisión viene a lesionar la autonomía de las instituciones que están dentro del Convenio».
Con esta afirmación detalló que se afectan gestiones tales como la atención directa y con calidad educativa a niños y adolescentes; los centros no pueden directamente contratar personal, no pueden ejecutar cambios internos, pierden el control de la gestión para garantizar los derechos laborales de sus trabajadores.
Tampoco podrán asignar cargas horarias, planes de estudios «y ya no tendríamos esa autonomía y libertad para el control de todas estas cosas», así como el registro de asistencia del personal, y en definitiva se trastoca profundamente la figura del patrono.
En ese sentido, el directivo de uno de los colegios católicos de más tradición en el estado Apure recomienda al gobierno «derogar esa decisión» porque está perjudicando a 831 centros educativos afiliados a la AVEC y en concreto lesiona el derecho a la educación de niños y adolescentes y el desarrollo de programas educacionales como los que se orientan a atender «a todos esos niños vulnerables con quienes la AVEC siempre ha estado dispuesta a colaborar, subvencionar, a becar».
Igualmente se ve impactada negativamente la educación gratuita «y a toda la población indígena que también atendemos. Por ejemplo, en Apure tenemos la escuela Nuestra Señora de Coromoto en la Pica de Capanaparo donde hay 100 familias indígenas también beneficiadas de este Convenio y sería delicado y cuestionable que esto se rompa».
Al final ratificó que se mantendrán, desde la AVEC, activados en campañas informativas, de concienciación y de incidencia para que haya una rescisión de la medida.
