Así lo asintió el activista Marino Alvarado en relación al saldo que han venido dejando los fuertes enfrentamientos entre efectivos de las FAES y miembros de bandas delincuenciales de la parroquia La Vega de Caracas desde la semana pasada.
En conversación con Radio Fe y Alegría Noticias el coordinador de investigación y difusión de la ONG PROVEA denunció que en ese operativo policial «lo que se ha cometido es una verdadera masacre» en virtud de que hasta este domingo se maneja la cifra «de 23 asesinatos por parte de la fuerza pública, lo que constituye a ese operativo como el que ha dejado mayor cantidad de víctimas en la historia del país».
El que le antecedía se registró el 13 de julio de 2015 en la conocida Cota 905, también en Caracas, donde fueron asesinadas 17 personas, cuando se activó la famosa Operación de Liberación del Pueblo, OLP.
Alvarado le hacía un contundente llamado al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, «quien viene de trabajar en una organización de derechos humanos» para que se pronuncie sobre estos hechos «porque su silencio contribuye a que haya más muertos en La Vega».
¿Qué es lo que está pasando en esta parroquia del municipio Libertador?
El defensor de derechos humanos dice estar muy preocupado por las noticias «que siguen llegando de La Vega, se dice que la cifra de asesinados pudiera ser mayor».
En torno a por qué se desató esta violencia durante estos últimos días en esta populosa parroquia caraqueña, precisó dos elementos para entender toda esta inusitada situación.
En primer lugar, apuntó que en el mes de agosto la población de La Vega empezó a organizarse para reclamar la mejoría en la prestación del servicio de agua potable, recolección de agua y distribución de gas doméstico.
Tanto la organización como la participación fueron aumentando entre los vecinos «lo que para nosotros era un claro ejemplo, para las barriadas de Caracas, de lo que debería ser la actitud ciudadana ante estas situaciones de los servicios públicos».
El segundo elemento que destacó Alvarado es que a principios de la semana pasada circularon imágenes por las redes sociales en las que aparecían varias personas armadas «aparentemente pertenecientes a una banda vinculada a a este delincuente reconocido que le dicen El Coqui».
En ese sentido, ya se manejaba información de que las FAES iban a incursionar en la parroquia La Vega «como respuestas a estas fotos».
En este punto Alvarado resaltó que si bien se está de acuerdo con que el Estado «tiene que combatir el delito y que estas bandas delictivas deben ser reducidas por la fuerza pública» pero también es cierto que «estas actuaciones no pueden estar al margen de la ley, no pueden realizarse en abierta violación a los derechos humanos».
Basó su apreciación en el hecho «de que cada vez nos llega más información de que varias personas fueron detenidas y posteriormente asesinadas, algunas de estas personas asesinadas por las FAES no tendrían que ver absolutamente nada con esta banda delictiva que supuestamente iban a combatir».
Para el activista con estos hechos lamentables se repite el patrón en el que mueren muchas personas civiles en estos supuestos enfrentamientos «y no aparece ningún funcionario herido y se supone que estamos hablando de enfrentamientos armados, y esto no es normal, y representa una clara evidencia, y estamos convencidos de ello, de que hubo ejecuciones extrajudiciales».
Pero ¿por qué siguen existiendo las FAES?
En sus diversos informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, ha exigido al Estado la supresión de este grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana por su alto nivel de letalidad.
Al respecto, Alvarado complementó que no solo se trata de esa solicitud de la diplomática «sino que también lo demandó la Misión independiente de determinación de los hechos en su informe del año pasado».
Pero la preserva el gobierno «porque le es útil para imponer terror en las zonas populares», dice el defensor y añadió que «las denuncias contra las FAES van desde detenciones, la práctica de cientos de allanamientos en zonas populares sin orden judicial, robos de las pertenencias de las personas en sus casas como objetos personales, comidas, muebles».
Ya para los primeros 9 días de este 2021 se habían registrado 52 asesinatos de personas por parte de cuerpos policiales, «la mayoría son casos de ejecuciones extrajudiciales».
Acotó que en esos registros que monitorea un trabajo conjunto entre el Centro Gumilla y PROVEA aparecen las FAES «sino también otros cuerpos policiales regionales, entre ellos la Policía del estado Zulia, que es la que tiene mayor cantidad de ejecuciones, han implantado la pena de muerte».
Lamentó en este plano que «desafortunadamente este tipo de operativos cuenta con el apoyo de la población hasta que le tocan la puerta, y cuando sucede eso lo que se da es apoyar el abuso policial».
