El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que posiblemente les sea sobreseída la causa a los 33 hombres detenidos por estar en un sauna LGBTIQ+ en Valencia, estado Carabobo, con base en una investigación realizada por el Ministerio Público.
El funcionario agregó que los detenidos “están en libertad” en unas declaraciones concedidas al periodista Harley Monseguileman, de Televen, este lunes 31 de julio.
“Están todos en libertad. El Ministerio Público está en una fase de investigación de estos hechos para, en base de esta investigación, inclusive, sobreseer la causa”, dijo.
El meollo del asunto
Vale recordar que el pasado domingo 23 de julio 33 hombres quedaron detenidos en una sauna LGBTIQ+ de la capital carabobeña.
Familiares y activistas de derechos humanos han dicho que la detención fue discriminatoria y que estas personas fueron apresadas por ser parte de la comunidad LGBTIQ+.
A esto se le suma la exposición al escarnio público con fotos, documentos de identidad, celulares, condones y orientación sexual.
El miércoles 26 de julio se hizo la audiencia de presentación donde se les imputaron tres delitos: ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. 30 de estos resultaron excarcelados con régimen de presentación.
En cuanto a los tres restantes quedaron apresados y exigen fiadores para salir bajo fianza.
En una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias, los activistas Jau Ramírez y Yendri Velázquez enfatizaron que esta situación no es primera vez que ocurre en el país y que lo que pasó en Valencia sucedió después de otros cuatro allanamientos en los últimos dos años: dos en Caracas, uno en Maracaibo y uno en Mérida.
Este tipo de acciones por parte de organismos de seguridad del Estado venezolano, es evidencia de la homofobia que ejercen los poderes públicos de Venezuela, según activistas.
A esto se le agrega la falta de respuesta a la solicitud de intervención hecha en varias ocasiones a la Defensoría del Pueblo para que garantice los derechos de estos hombres.
Escalada de criminalización
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ denunció el aumento de la escalada de la criminalización de la homosexualidad tras la detención y judicialización de estas 33 personas a través de una segunda alerta hecha el pasado 28 de julio.
Consideran que la continuación del proceso penal “podría significar precedente para que se criminalice la homosexualidad en el país”.
Por este motivo solicitan el sobreseimiento y fin de la causa penal, la investigación sobre el accionar del fiscal y de la juez Marialba Villareal (quien aceptó la imputación de los delitos), una investigación contra los funcionarios policiales actuantes y el cese de la “criminalización, hostigamiento y extorsión” a personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ+.
A la solicitud también se le suma que se ejerzan sanciones contra periodistas, medios de comunicación y personas que hicieron un tratamiento inadecuado sobre la información que derivó en el sometimiento al escarnio público y violación a la privacidad de los detenidos.
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