La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, reiteró los llamados anteriores para “los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos”.
La representante de las Naciones Unidas manifestó que “le preocupan mucho las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático”.
También los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición.
Y agregó “los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse”.
Regreso de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas a Caracas
Al Nashif lamentó la decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina de Derechos Humanos en el país.
Dijo que las medidas así “son incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada” con el Gobierno.
“Desde el establecimiento de la presencia del Oficina de Derechos Humanos en el país, puedo dar fe de que se han producido cambios positivos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer”, dijo.
La funcionaria citó como ejemplo el hecho de que su Oficina no registró incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las protestas relacionadas con el disfrute de los derechos sociales y económicos que han persistido durante todo el año.
Sin embargo, mostró su preocupación por “los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones en su acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en tales manifestaciones”.
Desaparición forzada
La alta funcionaria informó que desde enero de 2023, su Oficina documentó 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad.
“Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas. Durante este período, hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero. La mayoría de las personas se enfrentaron posteriormente a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero”, explicó.
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