En una rueda de prensa ofrecida este viernes 7 de mayo por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció una supuesta «campaña» a través de las redes sociales para «influir» en los funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que deben decidir sobre la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«Están haciendo un examen preliminar basado en falsedades, en mentiras y en matrices construidas a través del Twitter», expresó la funcionaria.
Indicó que Venezuela ha ido desmontando lo que considera como mentiras y falsedades. «Los medios de comunicación y las redes sociales se sirvieron para esta campaña dirigida desde Washington por Luis Almagro», dijo Rodríguez al tiempo que explicó que un grupo de expertos, a través de la Big Data, analizaron más de 70 millones de tuits.
Señaló que el 4% de estos tuits fueron avalados por alguna información verificada, mientras que el 17% es acompañado de un enlace o elemento audiovisual, y el 79% no tiene nada. «Existe un núcleo pequeño de usuarios que a través de bots, han creado millones de tuits con opiniones que pretenden imponer una falsa realidad contra Venezuela. Lo que le hacen hoy a Venezuela se lo puede hacer mañana a cualquier país».
Insistió en que las publicaciones en las redes sociales y en medios de comunicación internacionales se «crean opiniones, crean artificiosamente tendencias, con el objetivo de influir en quienes tienen que decidir en la Corte Penal Internacional».
Asimismo, pidió a la Fiscalía de la CPI atender «con rigurosidad científica» la realidad de Venezuela, y no en lo que, a juicio de Rodríguez, se quiere imponer en las redes sociales o en los medios internacionales.
Crímenes de lesa humanidad no prescriben
Por su parte, Rafael Narváez, exparlamentario y defensor de los derechos humanos, explicó en una entrevista a TVV que de nada le vale al gobierno de Venezuela «intentar borrar con arrepentimiento los crímenes que ya existen en el expediente de la CPI».
En ese sentido Narváez recordó que las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no prescriben ni existen privilegios para los responsables.
