El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está bajo el escrutinio de tres senadores brasileños que lo han señalado por presunta “prevaricación”, y presentaron una denuncia contra el mandatario ante la Corte Suprema de Brasil.
De acuerdo con los senadores, el mandatario brasileño incurrió en “prevaricación al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de la vacuna anticovid Covaxin».
«Hoy he registrado una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó ninguna medida tras haber sido informado de un gigantesco esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud», afirmó Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI).
Según los demandantes, las denuncias que podrían sustentar la prevaricación en que habría incurrido Bolsonaro, están relacionadas con la sobrefacturación de la vacuna india Covaxin, del laboratorio Bharat Biotech.
El presidente Bolsonaro estaría en pleno conocimiento de la firma de un contrato cuyo monto está por encima del costo de cualquier otro inmunizante de los adquiridos hasta ahora por Brasil.
Los senadores hicieron púbico que el 20 de marzo, Bolsonaro recibió a los diputados Luis Claudio Miranda y Luis Ricardo Miranda, donde fue alertado de esta sospecha, y que el presidente se habría comprometido a comunicar el hecho a la Policía Federal.
También revelaron que una factura de 45 millones de dólares para el pago de tres millones de dosis de vacuna fue entregada en el despacho de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud de Brasil, quien comunicó de inmediato a su hermano, el parlamentario Luis Claudio Miranda.
Ambos expusieron ante Bolsonaro lo que ocurría, pero el presidente no habría procedido a denunciar este hecho ante los organismos policiales.
En caso de que la denuncia prospere, es posible que el presidente sea revocado de su cargo. Eso sí para que eso ocurra es necesario que la Fiscalía solicite una investigación, y que luego sea votada en la Cámara.
Para los expertos, es cuesta arriba una posible que la Fiscalía formule cargos contra el jefe de Estado porque el Fiscal General, Augusto Aras, es considerado un aliado de Bolsonaro.
