Un grupo de la sociedad civil compuesta de 40 personas firmaron y emitieron un documento en rechazo a la demanda de Rafael Lacava contra Alfredo Infante y Marino Alvarado del Centro Gumilla y Provea, respectivamente.
A juicio de los firmantes, la maniobra del gobernador del estado Carabobo tiene por objeto «evitar la investigación» por su presunta responsabilidad en la ejecuciones extrajudiciales en el estado Carabobo.
Además, consideran que la demanda es una «práctica de amedrentamiento y abuso de poder» por parte del gobernante regional. Y constituye una «vulneración de los derechos constitucionales», según los firmantes.
También aseguran que la maniobra de Lacava evidencia «el terrorismo judicial y terrorismo policial». Ambas figuras tendrían como objetivo «acallar las voces de la denuncia y la protesta contra los desmanes del poder».
Firmantes
José Guerra, Vladimiro Mujica, Simón García, María Carolina Uzcátegui, Carlos Tablante, Tomás Páez, José Luis Farías, Rafael Simón Jiménez, Humberto García Larralde, Alfredo Padilla, Juan Luis Sosa, Alonso Domínguez, Juan Carlos Caldera, José Manuel Muñoz, Ray Ángulo, Xabier Coscojuela, Leonardo Vivas, Manuel Narvaez, Adalberto Pérez, Carlos Torrealba, Carlos Julio Rojas, Frank Payares, Pedro Benítez, Ysrrael Camero, León Arismendi, Tulio Ramírez, Juan Carlos Fernández, Hiram Gaviria, Alfredo Álvarez, Eduardo Valero Castro, Juan Carlos Reyes, Fredy Rincón, Colette Capriles, Gregorio Salazar, Gregorio Caribas, Ciro García, Edgar Blanco, Damian Prat Carin, Armando Amengual, Rafael Chipilo Pulido.
Señalamientos contra Lacava
En un reciente informe presentado por los demandados del Centro Gumilla y Provea, bajo la iniciativa Lupa por La Vida, la Policía de Carabobo destacó como la estadal con más casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en la entidad.
Los defensores exhortaban a las autoridades a investigar a las cadenas de mano de los cuerpos policiales. En ese sentido, Lacava se sintió aludido.
Durante la presentación del informe, Marino Alvarado, denunció las ejecuciones extrajudiciales en los siguientes términos.
«Policía (…) del estado Carabobo es la policía más letal en el 2021 de acuerdo a la investigación realizada por “Lupa por la Vida”, dijo Alvarado.
En el momento de la denuncia pública, Alvarado instó al Ministerio Público investigar la cadena de mando. Sobre Lacava precisó: «No estamos diciendo que el gobernador es responsable, estamos diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad».
Según el informe, durante al año 2021, se registraron 1.414 ejecuciones extrajudiciales. Las estadísticas muestran una reducción respecto al año anterior (2020) cuando fueron documentados 3.034 casos. Pero sigue siendo grave la situación.
