La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua, así como el desalojo forzado de integrantes de la Compañía de Jesús de su residencia.
«La CIDH y la RELE rechazan las interferencias arbitrarias a la libertad académica y la profundización del cierre de espacios cívicos en Nicaragua», dijo la CIDH en un comunicado publicado este 29 de agosto de 2023.
Para la CIDH, el cierre de la UCA “tiene un grave impacto para la sociedad nicaragüense en su conjunto”.
Instaron al gobierno de Daniel Ortega a devolver la UCA
De acuerdo con el CIDH, el sábado 19 de agosto, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre el desalojo de seis integrantes de la Compañía de Jesús y la confiscación arbitraria de la residencia Villa del Carmen, comunidad donde vivían los jesuitas trabajadores en la UCA. Estos hechos ocurrieron luego de publicar el Acuerdo Ministerial que oficializó el cierre forzado y la cancelación de la personería jurídica de la institución.
Ante lo señalado, la CIDH y la RELE instaron al Estado de Nicaragua a cesar cualquier interferencia arbitraria a la libertad académica. También pidieron dejar sin efectos la cancelación de la personería jurídica de universidades y centros académicos. De igual manera, instaron a devolver las instalaciones y todos los bienes confiscados a sus integrantes .
Asimismo, la CIDH y sus Relatorías Especiales exhortaron a los Estados de la región interamericana a facilitar el acceso a programas y servicios educativos para personas estudiantes y académicas nicaragüenses afectadas.
El Gobierno tomó represalias contra los jesuitas
Según afirmó la CIDH, la comunidad jesuita de la UCA es víctima de “asedio, acoso y hostigamiento” en los últimos años. Esto, como represalia por su apoyo y defensa de los derechos de los estudiantes que participaron en las movilizaciones sociales de 2018.
La CIDH y la RELE observaron que desde el 2020 otras 25 universidades fueron cerradas mediante la cancelación de su personería jurídica, lo que ha afectado a más de 37 mil estudiantes. Además, recibieron denuncias sobre el adoctrinamiento y la intensificación del proselitismo político al interior de los espacios académicos para imponer el sandinismo como corriente única de pensamiento y de posición política.
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