La ONG Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), reseñó en su portal web que por tercera vez de forma consecutiva, el Gobierno de Nicolás Maduro, sigue sin responder a los relatores y grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en cuanto a la situación de la población migrantes, en particular sobre las personas que se fueron hacia el Arco Minero del Orinoco (AMO).
Los funcionarios de la ONU enviaron un total de 13 preguntas que, hasta la fecha, no tienen respuestas. Anteriormente, enviaron dos comunicaciones al gobierno oficialista sobre las amenazas y detenciones arbitrarias que, tampoco obtuvieron respuestas.
Provea señala que las interrogantes las dirigió el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, en conjunto con el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; y la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias.
Las preguntas las enviaron el pasado 8 de febrero y no obtuvieron respuestas dentro del lapso correspondiente, es decir, 60 días, apuntó Provea.
Los funcionarios de la ONU pidieron estadísticas por edad, género y pertinencia étnica sobre las personas que trabajan en las zonas donde haya explotación de la minería en Venezuela, así como también, si hay instituciones tanto públicas o privadas que estén vinculadas, si se han llevado a cabo inspecciones, entre otras preguntas que publicó la ONG aquí.
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