Sobrevivientes de la masacre de El Amparo exigen justicia

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Sobrevivientes de El Amparo
Rafael Uzcátegui de Provea, Wolmer Pinilla y José Arias, sobrevivientes/Foto: José Blanco/Radio Fe y Alegría Noticias

Este viernes 28 de octubre los únicos dos sobrevivientes de la conocida masacre de El Amparo en Apure, Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, acudieron junto a activistas de derechos humanos y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, Caracas, para exigir justicia 34 años después de lo sucedido.

Pinilla, uno de los pescadores que se salvó ese 29 de octubre de 1988, contó para Radio Fe y Alegría Noticias cómo se ha llevado el caso a nivel jurídico, en el cual 14 de sus compañeros fueron asesinados en el caño La Colorada por parte de efectivos militares y policiales del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP). Según él, a pesar de la reinante impunidad y de la lentitud del proceso, “venimos a Caracas a reclamar que se haga justicia 34 años después, porque seguimos confiando en la justicia venezolana aunque no estamos conformes cómo se ha llevado en la corte”.

Para el también campesino de El Amparo, lo peor que ha pasado con este caso a nivel de tribunales es que “han dejado sueltos a los responsables de esta masacre”.

Impunidad precedente

Por su parte, Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea que ha acompañado en todo este largo proceso a estas personas, señaló que este caso es importante para la sociedad venezolana en primer lugar “porque cuando ocurre en el año 1988 eso evidenció que había profundas fallas estructurales de la democracia venezolana”.

El activista agregó que “de hecho, la indignación que generó la masacre de El Amparo, las protestas y las movilizaciones que se dieron antecedieron a la expresión de la rabia popular que vimos en el año 89 con el Caracazo”.

Pero para Uzcátegui “antes ni ahora” el sistema de justicia en Venezuela sigue sin dar respuesta a las víctimas y familiares de casos como las ejecuciones extrajudiciales.

Otras organizaciones sociales como el Comité de Derechos Humanos de Coche, Comité de Madres Poderosas (madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales) aprovecharon la actividad para denunciar que la impunidad que favorece a los responsables de esta masacre, brinda aliento a quienes violan derechos humanos actualmente en el país.

También la actividad incluyó la celebración de una misa por el alma de los difuntos.

Lo que ocurrió

El 29 de octubre de 1988 14 pescadores que departían de un sancocho en el caño La Colorada, cerca de la población de El Amparo, municipio Páez, Apure, fueron masacrados por efectivos del comando específico José Antonio Páez.

En principio, cuando se dieron las primeras noticias las autoridades del momento los tildaron de guerrilleros. Por fortuna quedaron dos sobrevivientes.

Pero pese a varios años de reclamos por parte de organizaciones de derechos humanos, esta causa pasó a tribunales militares. Luego de casi 34 años, el pasado 24 de junio la Sala Plena del TSJ ordenó a la Corte de Apelaciones de Apure dictar sentencia sobre el caso. Es decir, de la jurisdicción militar el máximo tribunal ordenó el pase al área civil.

Según la decisión reciente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de esta manera se subsana el conflicto planteado entre la Corte de Apelaciones de Apure y la Corte Marcial que se habían declarado incompetentes para dictar una nueva sentencia.

Sin embargo, a 4 meses después de esta decisión la Corte de Apelaciones de Apure no se ha pronunciado En la causa están implicadas 15 personas, entre ex militares, ex Disip y de la antigua PTJ. Entre las figuras más resaltantes en este suceso destacan el entonces Capitán de Navío y ex Ministro de Interior y ex gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín.

Varios de los implicados han muerto

El defensor de derechos humanos Walter Márquez acotó que varios de los militares acusados han muerto. “No queremos que se persiga a nadie, lo que queremos es que haya un reconocimiento de la verdad, que fueron masacrados, que no eran guerrilleros, que brille la verdad”.

Para Márquez esta masacre no ha servido para detener otras ejecuciones extrajudiciales. Afirma que este patrón de ejecuciones extrajudiciales se ha mantenido a lo largo de estos años.

Cree que lo de El Amparo “se trató de algo preparado, bien organizado. Generaron una simulación de hecho punible”, sentenció.

Varios de los cuerpos de los pescadores asesinados/Cortesía