El abogado penalista, criminólogo y profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, Luis Izquiel, intentó hacer un análisis sobre lo que viene ocurriendo en Caracas con la actuación de las bandas delictivas que operan en zonas como la Cota 905, El Paraíso, El Valle, La Vega y El Cementerio.
En entrevista con Radio Fe y Alegría afirmó que los integrantes de estas organizaciones criminales no solo están atacando a funcionarios de seguridad sino también a civiles.
De hecho, oficialmente, en un boletín de la Policía Nacional Bolivariana, se confirmó al mediodía de este jueves 8 de julio la muerte de Maikel Alexander Alvarado Márquez, en el sector Las Quintas, de la Cota 905, parroquia El Paraíso de Caracas.
Así como la muerte de un hombre, aún sin identificar, que iba pasando en una motocicleta por la entrada de la Cota 905, cerca de las residencias Villa Lorena.
Según la información que maneja el abogado, el motivo principal que desataron esta ola de enfrentamientos continuos serían en retaliación porque los cuerpos de seguridad habrían herido a un delincuente, líder de una banda de El Valle, y aliado del jefe de la banda de la Cota 905, El Coqui.
“Se apoda el Loco Leo. En retaliación a eso se estarían dando los enfrentamientos, pero esos son versiones extraoficiales porque realmente desde el punto de vista oficial es poco o nada lo que se ha señalado”, acotó Izquiel.
«En los vídeos hemos visto cómo estos individuos poseen fusiles, ametralladoras y granadas. Son armas que según el artículo 324 de la Constitución de Venezuela deberían ser de control y uso exclusivo por parte del Estado», explicó el profesor y experto en leyes.
Sin embargo, la realidad es que la normativa no se cumple. “No solo las mega bandas criminales, sino otras dedicadas al crimen organizado en Venezuela poseen este armamento de guerra”.
Son horas de detonaciones sin parar
“Otra vez los caraqueños amanecemos bajo la anarquía, bajo la zozobra de esta banda que opera en la Cota 905, con tiroteos intensos en la ciudad”.
“Hemos visto como balas de estos calibres entran en los apartamentos y casas de las personas como en El Paraíso, Montalbán y otras zonas aledañas”, narró el también experto en ciencias criminalísticas sobre el peligro que corre la población que habita en los alrededores de la zona roja.
“Es el pleno corazón de Caracas donde viven cientos de personas que tienen sus vidas en peligro”.
¿Pero quiénes son estos civiles armados que ponen en riesgo a la comunidad?, lo que se sabe es que Carlos Luis Revete alias “El Koki”, líder de la banda que opera en la Cota 905, parroquia El Paraíso de Caracas y sus compañeros Carlos Calderon Martines, alias el “Vampi” y Garbis Ochoa Ruiz, conocido como “Galvis” son los actores principales que están siendo buscados por el Gobierno nacional, que ofrece por cada uno de ellos una recompensa de 500 mil dólares para quien de señales del paradero de ellos.
Izquiel indicó que estos hombres son miembros de una banda criminal de gran importancia que posee armamentos de guerra, ametralladoras, granadas y que tiene una gobernanza desde hace varios años en la zona y está intentando extender su poder a sectores aledaños, por eso hacen “demostraciones de su poder en general”.
Son bandas que crecieron en los últimos 20 años
Según las observaciones del abogado, en los últimos 20 años de manera progresiva estas bandas fueron creciendo y construyendo alianzas.
“En la Cota 905 se aliaron con los de La Vega, El Valle y otras partes de Caracas, inclusive en otras partes del país. Pasaron de armas blancas y fusiles a ametralladoras. Pasaron de estar viviendo en una comunidad a controlarla. A ser gobierno allí entre esas comunidades”, reveló.
Afirmó que un punto de inflexión que tuvo el Gobierno fue en el 2012 con las famosas Zonas de Paz, en el que se le cedió territorio a cambio de que entregaran las armas y, realmente, no se llegó a nada.
Para el experto penalista y criminólogo, el Gobierno debe buscar alternativas efectivas y revisar cómo en otros países han logrado desmantelar bandas poderosas.
Destacó que principalmente el Estado debe proteger a la ciudadanía recuperando el control de esos territorios. En segundo lugar, hacer presencia permanente en esos sectores populares, implementar estrategias para el control de las armas de guerra y de factores sociales para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia y, por último, reevaluar las cárceles.
“Muchos individuos están pasando por el postgrado de las cárceles en el país. Esas bandas se nutren de jóvenes desempleados y con adicciones”, puntualizó Luis Izquiel.
