Buscan que las lenguas originarias sean patrimonio cultural de Venezuela

Parlamentaria indígena nacional , Nicia Maldonado en una sesión del 8 de julio de 2021. Foto: AN.

El proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Idiomas Indígenas sigue su curso legal mediante las actuaciones de la Comisión Permanente de los Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional.

Uno de los objetivos que persiguen con la reforma es establecer las bases jurídicas para que las lenguas indígenas sean «patrimonio cultural de la nación».

Así lo dio a conocer Nicia Maldonado, primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Pueblo Indígenas de la Asamblea Nacional.

En Venezuela hay 2680 idiomas indígenas, y en medio de la globalización están en serio riesgo de desaparecer, según Maldonado. Ante esta posibilidad, apuntan a que los idiomas tengan el estatus legal de «patrimonio cultural». Así el Estado venezolano se convertirá en el garante de su preservación y mantenimiento.

A juicio de Maldonado, las 2680 idiomas indígenas constituyen un «reservorio cultural de los pueblos originarios de Venezuela».

Para los parlamentarios indígenas de la Asamblea Nacional (AN), no basta con que en la Constitución haya un capítulo entero dedicado a los pueblos indígenas. Tampoco es suficiente que exista la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci), «hay que ir más allá», dijo Maldonado.

Además, instó al Estado venezolano que las garantías constitucionales y la Lopci no sean solo letras jurídicas «muertas».

Ley y su uso por conveniencia

A propósito de las exigencias de los parlamentarios nacionales indígenas, activistas y defensores de los Derechos Humanos e Indígenas cuestionan el cumplimiento de las leyes referentes a los pueblos indígenas.

Uno de los derechos más «violados» es el derecho político que han sido priorizado para su uso por conveniencia partidistas, según denunció en su momento el médico warao Jesús Jímenez.

El médico fue uno de los más acérrimos detractores de la «elección de segundo grado«. Este instrumento fue creado por el CNE para las elecciones de diciembre de 2020. La elección de segundo grado fue considerada como violatoria a los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela.