La tarde del viernes 22 de abril presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) sacaron a Carlos Daniel Rojas Gamboa de 23 años de su casa y lo asesinaron.
Su hermana de crianza y vecina, Hernailin Quijada, denunció la presunta ejecución extrajudicial y los abusos por parte de los funcionarios quienes la mantuvieron por más de dos horas encerrada en su residencia mientras escuchaba los gritos de auxilio de su hermano.
El suceso ocurrió en la calle La Gloria del sector Brisas de Orinoco de la UD-128 de San Félix, parroquia 11 de abril del municipio Caroní, estado Bolívar.
Se enteraron por los medios que lo vinculaban a un grupo TANCOL
Días después de lo ocurrido, los familiares de Carlos Daniel se enteraron por los medios de comunicación que las autoridades lo vinculaban a lo que el gobierno denomina grupo de Terroristas Asesinos Narcotraficantes Colombianos (TANCOL) y a la banda “El Perú” que opera en las zonas mineras del municipio El Callao de la entidad.
Esta versión fue desmentida por parte de sus allegados quienes aseguran que Carlos Daniel no pertenecía a ninguna organización delictiva ni era minero.
“Lo asesinaron en el patio de mi casa”
Quijada relata que la tarde del 22 de abril, un poco antes de las 3:00, escuchó golpes y gritos en la casa de su mamá (madre de crianza de la víctima), residencia en la que vivía Carlos Daniel y que colinda por el patio con su casa.
“Él estaba durmiendo y lo sacaron desnudo con la muchacha, él estaba con una muchacha. A ella también la sacaron desnuda de la casa y se la llevaron”.
Cuenta que al escuchar los gritos intentó salir, “pero cuando voy a abrir la puerta del fondo de mi casa vinieron ese poco de PTJ (CICPC) hacia a mí, me apuntaron y se me metieron adentro de la casa”.
Sobre la mujer que acompañaba a Carlos Daniel ese día no tienen ninguna información. “No supimos más de ella, yo la escuché dando gritos. Pero no supimos más de ella, no se acercó a nosotros ni nos dijo nada. No sabemos qué pasó con ella, si la sacaron de la ciudad, pero sí sabemos que la soltaron”.
Quijada indica que cuando los funcionarios ingresaron a su casa le pidieron que se tirara al piso y luego la llevaron una habitación donde permaneció hasta poco más de las 5:00 de la tarde.
“Me llevaron al cuarto y empezaron a jurungarme toda la casa. Que con quién yo estaba, que les buscara el teléfono. Querían teléfono, a cada momento me registraban la casa buscando teléfono y yo no tenía ningún teléfono. Yo me encontraba sola porque mi esposo y mi hijo estaban trabajando”, comenta Hernailin.
Mientras estaba rodeada por los funcionarios, Quijada recuerda oír los gritos de su hermano de crianza mientras la llamaba. “Yo lo escuché cuando él me llamaba, me pegaba gritos a mí y a mi hermana, yo lloraba del desespero porque no podía salir, tenía esa gente ahí rodeándome”.
Quijada denuncia que a su hermano lo asesinaron en el patio de su casa sin poner resistencia ni que ocurriera ningún enfrentamiento armado como alegan las autoridades.
“Le decían que corriera y ahí escuché los tiros. Tres tiros primero y después escuché tres tiros más. En el patio de mi casa quedó la sangre donde lo tiraron. En las paredes también habían marcas de sangre, lo trasladaron herido a otro lado de la casa para seguir dándole golpes”, manifiesta Quijada.
Hernailin recuerda escuchar a los funcionarios pedirle a Carlos Daniel que corriera antes de disparar. “Soltaban tiros al aire como para que creyeran que era un enfrentamiento cuando no fue ningún enfrentamiento. Echaron tiros en la carretera y en el patio de mi mamá. Le decían ‘corre, corre’, que corriera para hacer ver que él iba huyendo”, expresa.
Explica que cuando pudo salir de su casa ya el cuerpo de su hermano de crianza se lo habían llevado del sitio.
Más atropellos
Además del horror que vivió durante esas horas, Quijada denuncia que continuaron los atropellos en contra de su familia luego de que asesinaran a Carlos Daniel.
“Después nos amenazaron y nos dijeron ‘vayan a reclamar el cuerpo que lo vamos a picar, se lo vamos a entregar en pedacitos’. Nos dijeron de todo esos funcionarios, nos insultaron”, expresa Hernailin.
Además, cuenta que sufrió burlas por parte de las autoridades: “Cómo se reían, cómo celebraban, se burlaban del dolor ajeno. Nos dijeron ‘vayan a retirarlo para que vean lo que les va a pasar’, así como amenazándonos”.
Indica que el cuerpo de Carlos Daniel fue entregado el lunes 25 de abril a las 6:00 de la tarde, luego de varios intentos, a su madre biológica que tuvo que viajar hasta la zona.
“Lo entregaron cuando les dio la gana. Lo asesinaron el viernes y lo entregaron el lunes a las 6 de la tarde porque fuimos a fiscalía, porque no lo querían entregar, estaban esperando que se descompusiera para no ver lo que le hicieron. Lo recibió la mamá biológica que vino a la ciudad y el padrastro”, manifiesta.
Hernailin denunció que el cuerpo de Carlos Daniel tenía cinco impactos de bala, además de claros signos de tortura. “Le espicharon un ojo, estaba golpeado, tenía la parte de atrás de la cabeza toda desbaratada. Golpes en la cara”, relató.
Desmienten la versión oficial
Los familiares del joven desmintieron las acusaciones que hicieron los organismos policiales y militares en su contra. Explicaron que él residía en la zona y trabajaba como comerciante informal desde su casa, donde vivía con su madre de crianza, su hijo y otros familiares.
“Él no pertenecía a nada de eso. Él vivía en la casa de mi mamá, y ahí a veces vendía pan, masa de chorizo, el papá trabaja en una carnicería y le traía mercancía para que él vendiera. trabajaba y cuidaba a su hijo y al hermano de su hijo”, explica Quijada.
Además, indica que no viajaba a zonas mineras del estado Bolívar ni le conocían ningún tipo de armamento.
“Se llevaron el tanque de la poceta de mi mamá, rompieron paredes. Dicen y que consiguieron 2.000 dólares, panelas de droga, granadas, armamento de alta potencia”, armas que asegura ningún miembro de la familia había visto antes.
Quijada también agrega que a Carlos Daniel lo acusaron de lanzar una granada a la casa de un funcionario días previos a que lo asesinaran.
“Me dijeron que lo mataron porque estaba solicitado, después vimos en el periódico que lo pusieron de narcotraficante. Yo le pregunté a un funcionario que por qué le hacían eso y me dijo que él estaba solicitado, que estaba buscado, pero él no estaba solicitado en ningún organismo”.
Explicó que Carlos Daniel había estado detenido solo en una ocasión por poco tiempo y después había sido liberado por no tener ningún tipo de responsabilidad en el delito del cual lo acusaron. “Una sola vez lo detuvo la Guardia por un robo que hubo por la zona y agarraron a varios, entre ellos a él, pero después lo soltaron enseguida, no había tenido que ver nada con eso”, agregó Quijada.
Piden justicia
Los familiares de Carlos Daniel Rojas Gamboa exigen justicia por su asesinato a manos de cuerpos policiales y militares. Exigen que se aclare lo ocurrido y se limpie su nombre.
“Nosotros pedimos que se haga justicia, que se sepa la verdad, que aclaren, el no lanzó ninguna granada, le hicieron demasiada maldad, se ensañaron”, declaró Quijada.
De igual forma, explican que no han presentado una denuncia formal de lo ocurrido por miedo a represalias.
Quijada agrega que luego del asesinato de Carlos Daniel su familia dejó su casa para atender la salud de su madre que se vio afectada después de la muerte de su hijo de crianza.
“Mi mamá que quedó muy enferma después de lo sucedido. Sentimos mucho dolor, no hay palabras que describan lo que uno siente”, manifestó.
Los datos
En el informe del Lupa por la Vida, iniciativa del Centro Gumilla y Provea, que monitorea a nivel nacional las violaciones al derecho a la vida, focalizadas en las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, documentó que en el año 2021 se cometieron 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
De esa cifra, el CICPC fue la instancia policial que más poder de letalidad exhibió siendo responsable de 347 presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa el 24.54%.
De acuerdo a los datos recogidos durante 2021, el estado Bolívar se ubica entre los diez primeros con más casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales con un total de 79 que lo ubican en el 7mo puesto a nivel nacional.
Redacción: Lupa por La Vida/proyecto de monitoreo de violencia policial y militar en Venezuela que llevan a cabo el Centro Gumilla y Provea
