La organización Espacio Público denunció que en Venezuela los cuerpos de seguridad del Estado aplican un modus operandi para revisar «arbitrariamente» los teléfonos y equipos de trabajo de los periodistas durante las coberturas de calle.
Agregó que bajo este método el Estado restringe la libertad de expresión, información y opinión «de forma lenta pero constante».
En los últimos años, según registró Espacio Público, aumentó la «confiscación ilegal» de equipos o borrado de material gráfico o audiovisual, «sin motivos legítimos o legales y en ausencia de una orden judicial».
«Los teléfonos celulares, y en menor medida computadoras, cámaras fotográficas y equipos con información personal o laboral son el blanco de funcionarios (as) durante la cobertura de calle o de situaciones irregulares; el registro audiovisual de posibles prácticas de corrupción o conductas abusivas por parte de autoridades públicas», escribió la organización en un informe.
La revisión de un equipo y que luego se elimine el material grabado violenta el derecho a la privacidad, a la protección de datos, libertad de expresión e información, incluso con implicaciones en el derecho a la propiedad.
Cabe señalar que Espacio Público entre el año 2020 y agosto de 2021 registró 31 casos que afectan la libertad de expresión; 18 confiscaciones ejecutadas y 13 episodios de amenazas o intentos violentos de revisión de equipos. La mayoría de las personas afectadas fueron periodistas o reporteros. Estas son denuncias que el Estado no investiga, por más que las organizaciones de la sociedad civil presentan documentación.
El propósito es censurar
Para la organización estas prácticas tienen el propósito de censurar situaciones de interés público. Son hechos que pueden incurrir en «delitos, corrupción e incluso presuntas violaciones a los derechos humanos».
La confiscación ilegal es una práctica derivada de lo que en principio constituye una violación a la libertad de expresión e información; en la mayoría de los casos el objetivo es eliminar o evitar el registro audiovisual de conductas abusivas por parte de funcionarios, según explicó la ONG.
Por otro lado, el borrado de contenidos constituye censura previa, prohibida por los estándares internacionales.
«Los funcionarios no tienen autoridad para eliminar, ni exigir que se borre el contenido dentro de los equipos. De igual forma las autoridades no tienen fundamento para declarar que la negativa de borrar el contenido constituye el delito de obstaculización de la justicia o la de desobediencia a la autoridad, y tampoco es causa para detener a la persona», se lee en el documento.
¿Qué no se debe permitir?
Además de que legalmente los cuerpos de seguridad no deberían obligar a borrar un material a los periodistas, no deben inspeccionar con el fin de confiscar. «Un policía puede inspeccionar a una persona, siempre y cuando existan motivos suficientes para presumir que aquella tiene en su posesión objetos relacionados con un delito», argumentó la ONG.
La organización denunció el caso de Sofía Torres cuando un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la obligó a eliminar el material que había registrado durante una cobertura en Petare, Miranda, aún cuando se rehusó a hacerlo.
En casos así los funcionarios suelen amenazar y hostigar, pero se debe denunciar para visibilizar las restricciones a los derechos y la labor de los trabajadores de prensa, de acuerdo con Espacio Público.
