La prensa internacional y nacional reseñó este lunes 11 de octubre la muerte de dos venezolanos: uno de 23 años y otro de 15 años en el municipio de Tibú, en el nororiente colombiano, frontera con Venezuela.
Los jóvenes fueron grabados por una persona dentro de un almacén. Tenían las manos atadas y los acusaban de haber robado dentro de ese local.
Horas después, los dos jóvenes fueron encontrados muertos, con disparos en la cabeza, tirados en una carretera, con cartones colgados que decían «ladrones».
El caso generó conmoción en ambos países. El gobierno de Bogotá pidió contundencia a las autoridades en «la guerra contra el narcoterrorismo» y desde Caracas anunciaron denuncias a Colombia en cortes internacionales. Tanto la ONU como organizaciones de derechos humanos condenaron lo sucedido.
El diario La Opinión de Cúcuta, la principal ciudad de la zona fronteriza, a unos 120 kilómetros de Tibú, reportó que la familia del menor de edad, de origen indígena wayuu, recogió su cuerpo el martes y lo llevó a Maracaibo.
«Yo no puedo hablar nada de lo que pasó, pues mi sobrino se vino para Colombia a buscar una mejor calidad de vida y mire lo que le pasó», le dijo la tía del joven al diario cucuteño.
«Mi sobrino estudiaba allá en Venezuela, era un niño muy juicioso, pero como la mamá estaba enferma, lo dejó todo y se vino a buscar trabajo», dijo la mujer, cuyo viaje a Colombia incluyó 10 horas en moto por la porosa frontera.
Según las autoridades, el menor llevaba dos años en Colombia, trabajaba como recolector en un cultivo de hoja de coca y durante el último mes se había juntado con otro joven para realizar pequeños robos como el que originó su muerte.
De Jackson Enrique Arriaga, el otro venezolano asesinado, los medios cucuteños y venezolanos solo han reportado que era oriundo de la ciudad de Mérida, es padre de una niña y su familia no ha logrado reclamar el cuerpo.
