La analista de políticas públicas en Educación, Olga Ramos, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que el contexto venezolano no garantiza el derecho a la educación.
«Tenemos unas condiciones que no garantizan el derecho a la educación, y mucho menos la educación de calidad en Venezuela», aseguró.
Explicó que el plan Cada Familia Una Escuela, impulsado desde el Ejecutivo Nacional para dar continuidad al proceso educativo en medio de la pandemia por la COVID-19, no tuvo un buen diseño y su implementación fue «deficiente».
«Las herramientas de aprendizaje que allí se dispusieron no sirvieron de apoyo a las familias para desarrollar las habilidades del niño o la niña, tampoco funcionan en la lógica y las reglas de juego de la modalidad de educación a distancia», refirió Ramos.
A juicio de la especialista estos materiales se sustentan en un sistema que no necesariamente funciona.
«Los docentes no tienen capacidad de comunicarse con todos sus estudiantes, las familias no tienen posibilidad de hacer interacción diaria y recurrente con los docentes, la cantidad de trabajo aumenta tanto para la familia como para los profesores y no hay una compensación en términos de tiempo para desarrollar las actividades. Entonces el sistema ha sido de mala calidad en su diseño y en su instrumentación con el agravante de que los servicios asociados que requiere para desarrollarse tampoco han estado funcionando», dijo Ramos.
