En 2019 repuntaron las intimidaciones a trabajadores de la prensa

Con motivo de recordarse el 3 de mayo el día de la Libertad de Prensa, Espacio Público suele mostrar su informe anual, sin embargo, este año, debido al a cuarentena social, lo presentaron de forma virtual.

En el, evidencian que el año 2019 destacó por presentar un «número de casos muy elevado» de violación a la libertad de expresión, según afirmó a Radio Fe y Alegría Noticias el director de la organización, Carlos Correa.

«El 2019 fue uno de los años donde más eventos registramos y dimos cuenta del perfil de esos casos», apuntó Correa.

Uno de los perfiles que más se evidenció durante el año pasado fue el de la intimidación contra trabajadores de la prensa, por encima del patrón de las agresiones en contexto de movilizaciones de calle.

Igualmente, agregó Correa, registraron los problemas vinculados al trabajo de la prensa, como el de la conexión a Internet en el país.

«Dimos cuenta a temas vinculados a Internet, al acceso a la información publica y esta emergencia humanitaria compleja que se está viviendo en el país a partir de peticiones de información que realizamos», indicó Correa.

El director de Espacio Público aseveró que en relación a los casos de intimidación, «hay una cantidad de personas sometidas a una sentencia previa sin que ella se cumpla. Persisten las situaciones de vulneración de este derecho (de expresión) en Venezuela».

Estas dinámicas de intimación que se aplican en el país, según esta organización, vienen a través de amenazas por las redes sociales o funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado quienes arrebatan los equipos de trabajo a los trabajadores de la prensa y los obligan a borrar la información documentada.

«Es un patrón en el que se procura que la gente tenga miedo y eso, sin duda, es el más recurrente», afirmó.

«Lo que intentan es que esa persona tenga miedo. Te llamo por teléfono y amenazo. La amenaza puede ser pública o no, pero en definitiva lo que se quiere es que la persona tenga miedo», agregó.

Carlos Correa reveló que en 2019 fueron detenidas o retenidas unas 114 en medio de estos contextos señalados. Mientras que en lo que va de 2020, han documentado 26 casos.

No solo son trabajadores de la prensa

Sin embargo, «el año pasado, muchos eran trabajadores de la prensa pero ahora lo que está pasando es que son también trabajadores de la salud. no solo los han detenido sino que les han abierto proceso judicial por estados de WhatsApp».

Esto último lo dijo en referencia a la detención de un médico en la ciudad de Carora, estado Lara, por una publicación en la que criticaría la gestión de una funcionaria de gobierno.

También señaló el caso de otro médico «por una situación que comentó en Facebook».

Y con relación a las detenciones a periodistas, recordó el caso de Darvinson Rojas cuando el pasado 21 de marzo funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) irrumpieron en su casa luego de haber publicado en su cuenta de Twitter información relacionada al Coronavirus.

«Pero además de eso, fueron a su casa, de noche, y no con una orden de allanamiento sino que llegaron diciendo que por una denuncia de un vecino que dijo que allí había una persona con la COVID-19», comentó.

A Rojas «le abrieron un juicio que sigue abierto y lo están acusando con la denominada Ley Contra el Odio».

Otro caro que rememoró es el de Luis Carlos Díaz, «quien está sometido a un proceso judicial en el que no puede viajar, tiene que presentarse regularmente a un tribunal, le alargaron los plazos en un año en donde la fiscalía tenía que presentar la acusación. Como en un año, a los fiscales y al juez los cambiaron, le dijeron que se tomara 6 meses más porque no habían hecho su trabajo».

El castigo de cárcel a personas que emiten opiniones personales sobre hechos en otros países «no es argumento para que aquí se hagan. Eso empieza por ahí y termina restringiendo libertades».

«El problema es que la gente utiliza la libertad de expresión para reivindicar derechos», como las recientes protestas por las fallas en el suministro de agua por tuberías o las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Carlos Correa aseguró que también los informes de Espacio Público cuentan con recomendaciones y exigencias, así como los que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, también mencionó el informe que salió este jueves 30 de abril en el que relatores de Libertad de Expresión, del derecho a la Asociación y defensores humanos de la ONU expusieron que «no se pueden usar los estados de excepción para restringir y afectar el trabajo de defensores personal de salud».

«Esas instancias hacen recomendaciones. nosotros, las recomendaciones que tomamos, las hacemos a partir de lo que ha sido el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos», dijo.

Acceso a la información

«Quisiéramos que en Venezuela se diera información suficiente del Coronavirus (…) cuántas y de qué tipo son las pruebas que se están haciendo el país», acotó Correa.

Acerca de la propagación de noticias falsas, cuestionó «qué pasa cuando la información falsa la da un funcionario, por ejemplo, cuando dicen que hemos aplicado 20 millones de pruebas para COVID-19. Precisamente porque se ha golpeado mucho a los mecanismos tradicionales de información en los que podías conseguirla. Hoy día conseguir un periódico es una proeza».

«La información falsa circula hoy día con mucha más facilidad, pero se señala a quien opina sobre una información. Hay hechos que pueden ser falsos pero las opiniones no», señaló.

Esto, porque en el informe de Espacio Público «hemos documentado casos de personas que (detienen por) opinan. No podemos opinar. La opinión trae consigo una pena privativa de libertad».

«Una persona presa por opinar es un sinsentido en este año en que estamos porque es el derecho penal del enemigo. Es la utilización del derecho penal para detener a quien piensa distinto», argumentó Correa.

«Tanto hablar de las libertades, de la importancia del pueblo, reivindicar todo esto para terminar colocando a las personas en la cárcel por un tuit», dijo.

A su juicio, «una de las herramientas por las que hay que garantizar la libertad de expresión, es la búsqueda de la verdad. No porque la verdad la va a tener una persona u otra, sino porque la deliberación va a permitir que se pueda formar la verdad».

De allí también viene la tendencia actual en el periodismo de chequeado de la información que ha generado polémicos debates con el poder en Estados Unidos y Brasil. «Se hace porque es un mecanismo para verificar la información, saber si es cierta o no», explicó.

«No vas a ver un ministerio o una vocería única que te va a decir «esto es verdad», no. En la medida en que hay muchísima más gente haciendo contraste de la información, las personas van a poder confiar o no y van a decir si algo tiene certeza o es importante», agregó Correa.

Es por ello que critica que «no puede ser que todos los que tengan críticas en relación a la gestión gubernamental, son mentirosos y solo los medios oficiales dicen la verdad porque eso es una cosa muy parecida a una suerte de ‘ministerio de la verdad’ (del libro 1984 de George Orwell). Es decir, es el poder diciendo qué es lo que está correcto o no y ese no es el papel del Estado en ninguna parte del mundo».