A propósito del reciente informe que el Observatorio Venezolano de la Violencia da a conocer sobre las estadísticas funestas de muerte de niños, adolescentes y jóvenes de forma violenta, la principal lectura tiene que ver con la preocupación porque estas pérdidas «tan innecesarias, tan injustas, que generan tanto dolor y que además son muertes claramente evitables», no logran ser detenidas .
Así lo afirma la profesora Gloria Perdomo, integrante de este observatorio, en conversación con radio Fe y Alegría Noticias.
Reseña la educadora que en el examen que se se hace de estos datos se identifican que hay situaciones que perfectamente con una política pública preocupada por la seguridad ciudadana, garantista de lo que son las normas, las obligaciones de protección que tiene el Estado con la niñez y con la juventud, estas muertes se podrían frenar o minimizar.
En ese sentido, la primera conclusión es que tal marco jurídico respetuoso y protector del derecho a la vida es letra muerta en Venezuela.
Un ejemplo palpable es lo que señala con los cuerpos policiales del país. «Si tuvieran la formación y el mandato de garantizar el cumplimiento de lo que son las obligaciones legales en términos de respeto a la vida, 2113 casos que están identificados de presuntas resistencias a la autoridad, pudieran ser mucho menor».
Estas son muertes, según el OVV, atribuibles a la actuación de los cuerpos policiales.
Lo que viene analizando el OVV es que muchas de esas muertes tienen que ver con una política o con una decisión pública equivocada.
La razón es que utilizan esos operativos policiales, como los que emprende las FAES, como mecanismos de exterminio o eliminación de un «enemigo».
102 niños entre 0 y 11 años que murieron en circunstancias violentas
Este número es espeluznante
Perdomo describe en qué contexto se dieron esas muertes en el año 2019.
Dice que primero habría que diferenciar las muertes de niños por homicidio de llas muertes que los cuerpos policiales han enmarcado en una categoría como «de resistencia a la autoridad».
En el primer caso se refiere, por una parte, a la actuación de los grupos del hampa común o criminales.
Pero también hay casos muy lamentables que tienen que ver con violencia doméstica. En este renglón existen los casos de filicidio, de muertes de niños a manos de familiares.
Esta situación, apunta la pedagoga, lo que refleja es que hay una ausencia absoluta de un sistema de protección e institucionalidad pública que, por ejemplo, en el caso de que haya un familiar con problemas de salud mental o de drogadicción y esté haciendo daño y maltrato a los niños, pudiese intervenir con servicio social y con una actuación a tiempo para evitar esos sucesos.
Bajan las cifras pero la violencia no desparece
El equipo del Observatorio Venezolano de la Violencia describe en su informe que si bien las estadísticas de 2019 son relativamente menores en relación a años anteriores, el número de muertes por la llamada «resistencia a la autoridad» no ha disminuido.
En el caso de niños y adolescentes es inaudito que una autoridad pública o un cuerpo policial que se supone es profesional, formado, capacitado, para enfrentar una situación de hostilidad o de adversidades, frente a un niño o frente a un adolescente tenga que, en primer lugar, usar el arma de reglamento para causar la muerte.
Al respecto, Gloria Perdomo adverte que existe una normativa que obliga a las autoridades públicas a cumplir lo que se llaman normas de uso progresivo, proporcional y ajustado de las armas de fuego.
Pero lo que se ha constatado es que «estamos escuchando de parte de familiares, de comunidades, que hay operativos policiales que llegan a esos sectores anunciando que llegó la muerte o anunciando que vienen a exterminar o que vienen a acabar con los delincuentes».
En Venezuela la pena de muerte no está contemplada en ninguna norma. La constitución nacional garantiza el derecho a la vida. Los tratados internacionales que ha suscrito el país también lo garantizan y ningún funcionario ni ninguna autoridad puede abrogarse el derecho a decidir quién vive o quién muere.
Esto quiere decir de que si existe la presunción de que una persona es un delincuente, están los órganos administradores de justicia que determinarán si hay o no responsabilidades e imponer las sanciones que en ningún caso puede ser la aplicación de una muerte violenta o ajusticiamiento.
