Los adversarios políticos al gobierno de Nicolás Maduro aseguran que las restricciones por la pandemia del Coronavirus son parte de las maniobras que utiliza para solapar otras graves crisis como la del combustible.
Otros aseguran que se trata de un mecanismo de control social justificado desde el gobierno gracias al Coronavirus que le ha dado el respiro que ameritaba.
Para la ONG Transparencia Venezuela, la pandemia cayó como «anillo al dedo» en medio de una crisis que ya el gobierno no podía esconder, y menos controlar ante las multitudes que ya iban tomando fuerza desde las calles y las protestas.
Durante los últimos meses, las coincidencia reiterativa entre la falta de gasolina, suspensión de venta de gasolina y cierre de bombas con las denominadas «semanas de radicalización», ha sido parte de la práctica gubernamental.
A finales del 2019 la crisis del carburante en Venezuela que inició en los estados occidentales del país alcanzó el oriente de Venezuela luego al arropar ciudades como Maturín (Monagas), Puerto Ordaz, San Félix (Bolívar) y Puerto La Cruz (Anzoátegui) y Cumaná (Sucre).
Los registros periodísticos ubican la génesis de la crisis en Táchira y Zulia donde se implementaron controles desde el último trimestre del 2019 con el uso del chic y el plan “pico y placa”, que fue parte de la respuesta del gobierno a una crisis disparada por el contrabando de gasolina hacia Colombia.
Una situación similar se observó en los estados Delta Amacuro y Monagas, que comparten el paso a través del río Orinoco que desemboca en el océano Atlántico, y varias rutas de acceso hacia la República Cooperativa de Guyana.
En el caso de Delta Amacuro, el contrabando de gasolina viene desarrollándose desde el 2012, teniendo como punto de inicio en el puerto fluvial de Volcán, donde funcionaba una estación de servicio de gasolina ubicada de forma estratégica para atender a los usuarios de las rutas fluviales del municipio Tucupita y Antonio Díaz.
Con la llegada del Coronavirus a Venezuela en marzo de 2020, inició un nuevo modus operandi aplicado por el gobierno nacional para el “control social”, al menos es lo que consideran varias personalidades del entorno político en el país, que ha generado trabas sin precedentes para movilizar productos agropecuarios y de fabricación industrial en Venezuela.
Desde inicio del 2021, la escasez de gasolina, extendida en Venezuela, generó una mayor cantidad colas en las estaciones de servicio, incluidas protestas de los conductores, producto de permanecer horas y a veces hasta días aguardando por adquirir algunos litros de gasolina.
Pero cientos de detenciones, procedimientos judiciales y hasta algunas muertes que se produjeron en las colas, hicieron que el miedo se terminara de apoderar de los conductores y transportistas que optaron por recurrir al ofertante mercado ilegal de combustible y cesar en sus reclamos.
Desde octubre de 2020, es decir, siete meses después de las restricciones por la pandemia aplicadas por las autoridades nacionales, el gobierno de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, inició una nueva ofensiva política y de sanciones económicas contra Venezuela.
Los funcionarios estadounidenses comunicaron que no tolerarían la continuidad de los intercambios comerciales entre el gobierno de Maduro con las multinacionales Eni Reliance de India y la española Repsol que habían permitido al gobierno de Maduro importar combustible.
Ante este hecho, el gobierno de Maduro optó por importar gasolina desde Irán, una ubicación impensable en otras circunstancias por el costo que implica la operación, el transporte y la espera en medio de las urgencias.
Sin alternativa en la región, el país se convirtió en el surtidor de gasolina para lo cual el país debería esperar dos o tres meses mientras se agudizaba más la crisis.
El arribo de buques iraníes cargados de combustible en mayo de 2020, dio un respiro necesario por dos meses, pero el consumo nacional terminó por acabar con el carburante para octubre de 2020, produciendo otra grave crisis se extendió en Venezuela.
Desde octubre de 2019 hasta julio de 2021, la crisis de la gasolina “generada por las sanciones y los impedimentos que ella genera”, se ha convertido prácticamente en una costumbre para los venezolanos que tienen que conformarse con lo poco que llega para surtir a sus vehículos o acudir a los mercados clandestinos.
La mayor crisis está en las refinerías de Venezuela, tres de los siete centros de refinación funcionan de forma esporádica mientras las fallas originadas por la falta de mano de obra calificada y la falta de mantenimiento preventivo que debieron realizarse en años anteriores, han generado constantes interrupciones.
En diciembre de 2019 se conoció que que la única unidad catalítica de la refinería de Paraguaná que se encontraba operando se paralizaba, y dejaba de producir entre 35 mil y 40 mil barriles diarios de gasolina. Este fue una de las paralizaciones al que se ha visto sometido la mencionada refinería.
A mediados de junio el Ministro de Energía y Petróleo Tareck El Aissami declaró a un medio internacional que a finales del mes se acabarían las colas de vehículos en las gasolineras de todo el país.
A un mes de la promesa no solo han continuado las filas sino que la crisis de combustible parece acentuarse aún mucho más. Extraoficialmente se conoció que el ejecutivo nacional intercambiará varios buques llenos de petróleo por barcos cargados de gasolina y diésel para intentar surtir la demanda nacional.
El Secretario General de la FUTPV, José Bodas, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que se necesitan 51 mil barriles diarios de gasolina para abastecer el mercado interno nacional.
